El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el martes el estado de excepción en cinco provincias costeras, en el marco del «conflicto interno» declarado en la nación sudamericana en enero. Según el decreto, la medida se aplicará en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena.
La policía y las fuerzas armadas serán desplegadas en las cinco provincias debido a la «necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados», agregó el documento, añadiendo que la medida regirá en estos cinco territorios ecuatorianos por 60 días.
Se trata de la segunda declaración de estado de excepción basada en un aumento de la violencia por parte de Noboa, quien asumió el cargo en noviembre con la promesa de revertir una situación de seguridad en deterioro que ha provocado un aumento de muertes y otros delitos.
El decreto también suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en las provincias donde regirá la medida, a fin de realizar inspecciones, allanamientos y requisas por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno culpa de la violencia —incluida la dramática invasión en enero de una estación de televisión y la toma masiva de guardias de prisiones como rehenes— a las bandas de narcotraficantes, informó Reuters.
Defensa en La Haya
Este miércoles, Ecuador defendió su asalto a la embajada mexicana en Quito del mes pasado y dijo a los jueces de la Corte Internacional de Justicia que actuó para detener a un «delincuente común», en referencia al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que estaba refugiado en la sede diplomática.
La operación del 5 de abril, ocurrida horas después de que México concediera asilo a Glas, avivó las tensiones que se habían ido acumulando entre los dos países desde que el exvicepresidente, que fue condenado por los tribunales y estaba prófugo, se refugió en la delegación diplomática en diciembre.
Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre los dos países han sido suspendidas y México presentó un caso ante la corte internacional dos días después de la redada, argumentando que violaba el derecho internacional. Líderes de toda América Latina condenaron la operación como una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
«Durante meses, México utilizó de forma incorrecta sus instalaciones diplomáticas en Quito para acoger a un delincuente común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción y está sujeto a procedimientos en marcha relacionados con más casos de corrupción y otros delitos», argumentó a los jueces el jefe del equipo legal de Ecuador, Andrés Terán Parral.
