La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó hoy que se tramiten pedidos de asilo de brasileños con causas por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2023 ocurrido en Brasilia. «Todavía no tenemos ninguna información de ese tipo. No tenemos confirmado nada, lo único que tenemos confirmado es que entran brasileños todos los días», expresó la representante del Gobierno nacional.
También advirtió en Radio Mitre que para que Brasil pueda pedir la extradición de personas tiene que haber «un pedido oficial, que tiene que pasar por Interpol». En cuanto a las informaciones sobre el ingreso de 65 personas a la Argentina con causas por el intento de golpe de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, la ministra sostuvo, en declaraciones radiales, que «por el momento se mantiene en el nivel de propaganda, pero no es un hecho jurídico».
En los últimos días, trascendió que la Policía Federal de Brasil investigaba el ingreso masivo a la Argentina de personas con causas por ese episodio, en el que fueron atacados edificios públicos de militantes en protesta por el retorno a la presidencia de Luis Inacio «Lula» Da Silva.
Cuáles son las sospechas
Las sospechas, informaron medios brasileños, apuntan a que al menos ocho de los prófugos podrían pedir asilo en la Argentina. Bullrich advirtió que «aún no hay ningún pedido de extradición y para que lo haya tiene que haber un proceso o una condena», aunque admitió que «hay tratados con Brasil» en cuanto a esos aspectos legales.
Días atrás, en una conferencia en la Cámara de Diputados, el diputado federal brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, pidió en la Argentina el asilo político para un grupo de compatriotas. Lo hizo durante una conferencia en el Salón de Los Pasos Perdidos del Congreso argentino, organizado por la diputada María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza (LLA).
«Es lamentable que estas personas en Brasil estén recibiendo condenas de 14 a 17 años por cuenta de lo que pasó el 8 de enero» de 2023, cuestionó Eduardo Bolsonaro. Según su versión, hoy en su país hay una “persecución judicial” contra «personas que estaban protestando a kilómetros» respecto al lugar del intento de golpe contra «Lula» da Silva. «Soy abogado y policía federal antes de diputado, si salgo en la calle y asesinan a alguien, no voy 17 años de prisión por nada», manifestó en la oportunidad.
