En medio de una «guerra del agua» que lleva más de medio siglo, funcionarios mendocinos han acusado a La Pampa de vender agua envasada proveniente de Mendoza, intensificando un conflicto que ya tiene tintes históricos y judiciales. Los pampeanos, por su parte, afirman que estas acusaciones son maniobras dilatorias destinadas a evitar el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Un conflicto judicial y político
El conflicto judicial entre Mendoza y La Pampa comenzó formalmente en 2014, cuando la provincia de La Pampa llevó su denuncia a la Corte Suprema. En 2020, el máximo tribunal dictaminó que Mendoza debe garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Sin embargo, La Pampa sostiene que Mendoza ha incumplido sistemáticamente esta medida.
El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia emplazó a Mendoza para que cumpla con la orden, informó NA. La controversia se intensificó cuando trascendió un documento del Departamento de Irrigación de Mendoza que reconocía la existencia suficiente del recurso hídrico para cumplir con el fallo, lo que avivó aún más la disputa.
Acusaciones y contraacusaciones
En respuesta a la presión judicial, desde La Pampa se denuncia una campaña mediática de Mendoza que busca deslegitimar su reclamo. Según estas denuncias, Mendoza acusa a los pampeanos de envasar y vender agua, sugiriendo que esta actividad es responsable de la creciente sequía que afecta a La Pampa.
«La realidad es que el florecimiento de las industrias vitivinícola y olivícola en Mendoza es contemporáneo e inversamente proporcional a la caída de los rendimientos en los campos pampeanos y su proceso de desertificación, especialmente en el oeste de la provincia», señalan voceros pampeanos.
Posiciones políticas y económicas
El conflicto no solo tiene dimensiones ambientales y judiciales, sino también políticas. Mendoza y La Pampa se encuentran en puntos opuestos del espectro político. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo se esfuerza por mantener una buena relación con el presidente Javier Milei, mientras que Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, ha presentado varios reclamos ante la Corte por partidas de coparticipación adeudadas y ha criticado la ley de bases.
Un contexto económico desafiante
A esta tensa relación se suma una coyuntura económica complicada. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una caída del PBI argentino de 3,5 puntos para este año, en contraste con las previsiones de recuperación del gobierno. El sector agroindustrial, aunque no liquida la cosecha para no convalidar el tipo de cambio oficial que considera bajo, sigue siendo uno de los pocos sectores con actividad significativa.
La creciente incidencia del cambio climático es otra preocupación para el sector agroindustrial, especialmente después de eventos catastróficos como las lluvias e inundaciones en el sur de Brasil. Consultoras especializadas están evaluando la implementación de sistemas de riego y silos de hormigón, más resistentes a los tornados que los tradicionales de chapa.
