Hoy la Cámara de Diputados se dispone a aprobar una reforma laboral que incluye la posibilidad de despidos con causa justa por bloqueos y tomas de empresas. Esta iniciativa forma parte de la Ley de Bases, que cuenta con el respaldo del oficialismo y de los bloques dialoguistas, garantizando su conversión en ley con más de 140 votos. La reforma también introduce la figura del «colaborador», permitiendo a las pymes contratar 3 empleados para tareas específicas sin generar una relación de dependencia.
De acuerdo a datos de la agencia NA, la modernización laboral elimina las multas por trabajo no registrado, permitiendo la regularización de la situación laboral de los empleados. Además, se permitirá establecer acuerdos para reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral similar al que utiliza la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). El período de prueba se ampliará de 3 a 6 meses, y hasta 8 meses para empresas con entre 6 y 100 trabajadores.
Uno de los artículos más controvertidos es el que sanciona con despido con causa justa a los trabajadores que participen activamente en bloqueos o tomas de establecimientos. Este cambio, impulsado por el Senado, afecta directamente al gremio camionero liderado por Hugo y Pablo Moyano. El artículo 94 especifica que la participación en estas actividades podrá considerarse una «grave injuria laboral», justificación suficiente para la extinción del contrato de trabajo. En 2022, se registraron 53 bloqueos por 18 gremios en 11 provincias.
Además, la reforma introduce una nueva clasificación para las pymes, reduciendo de cinco a tres el número de trabajadores que pueden ser contratados como colaboradores sin relación de dependencia. Pero este sistema autónomo incluye aportes al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales, al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, según las condiciones que establezca la reglamentación.
Ley de Bases: ¿qué pasa con las indeminizaciones?
El dictamen de mayoría también modifica el régimen de indemnizaciones, permitiendo que los convenios colectivos de trabajo puedan ser adaptados para incluir un fondo de cese laboral, como en el caso de la UOCRA. Otra novedad es la ampliación del período de prueba, que permitirá a las empresas evaluar a sus empleados por un período más extenso antes de consolidar la relación laboral.
Por último, se establece la eliminación de infracciones, multas y sanciones a los empresarios que no hayan registrado a sus empleados, siempre que regularicen la situación antes de la aprobación de la ley. Se perdonará la deuda por falta de aportes al sistema de seguridad social. Además, se introduce la figura de despido discriminatorio, con una indemnización agravada entre el 50% y el 100% en casos de discriminación por motivos de raza, religión, opinión política, género, orientación sexual, entre otros.
