La Justicia allanó catorce domicilios donde funcionaban movimientos sociales por la investigación de extorsiones a los beneficiarios de planes sociales. El juez Ariel Lijo fue quien dio la orden para que la Policía pueda avanzar con las investigaciones por «extorsión, amenazas y defraudación agravada» contra los movimientos denunciados.
Los allanamientos se realizaron en varias localidades de la Provincia de Buenos Aires, principalmente en Ciudad Autónoma. El Departamento de Delitos Fiscales de la Dirección General de Investigación de Delito Complejo de la Policía Federal ejecutó las 14 órdenes de allanamiento.
??Los movimientos sociales viven de la EXTORSIÓN
— ??????? ?? (@ProcerMilei) December 20, 2023
Extorsionan con amenazas al gobierno y a la gente que recibe un plan social.pic.twitter.com/R3epeaX004
Los movimientos allanados
El primer domicilio en ser investigado fue en Iguazú 622, en CABA, donde se encuentra un centro de reunión y una las oficinas del Movimiento Territorial de Liberación (MTL). En el lugar se secuestró el teléfono de una de las dirigentes del movimiento y varios cuadernos, tarjetas y chequeras pertenecientes a otras personas destacadas.
En la localidad de Ingeniero Budge se allanó el merendero Nestor Kirchner y el domicilio personal de su dirigente, Selma Isabel Ávalos, en el mismo departamento. La documentación recogida vincularía a la cooperativa con la agrupación Unidos Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el movimiento del ex precandidato a presidente, Juan Grabois.
La Policía Federal también acudió a los domicilios de los movimientos CTD Aníbal Verón, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA y Confluencia Popular. En las oficinas del Movimiento Evita y la cooperativas La Esperanza y Evita Pueblo se secuestraron más de 70 carpetas y bliblioratos.
Las agrupaciones investigadas habían sido denunciadas de forma anónima el pasado 22 de diciembre, luego de la primera manifestación masiva contra el recién asumido gobierno de Javier Milei. Los llamados a la línea 134 del Ministerio de Seguridad denunciaron «extorsiones» por parte de las organizaciones para asistir a la marcha. La mayoría de los denunciantes afirmaron ser beneficiarios de algún tipo de plan social
