La empresa estadounidense Arc Energy presentó formalmente una oferta para adquirir Impsa, la empresa mendocina especializada en ofrecer soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos naturales. Desde el Estado Nacional buscan desligarse de la empresa por una millonaria deuda que tiene.
El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso de cesión de acciones y capitalización de la compañía mendocina. Arc Energy fue la primera en llegar al Gobierno con una oferta. Esta etapa se desarrollará durante 30 días, donde otros actores también podrán presentar sus propuestas.
Terminado este periodo, se dará a conocer el monto ofrecido y comenzará el «plazo de mejoramiento de oferta» por 60 días, donde los otros interesados podrán ofertar más. De no encontrar otro ofertante, iniciaría el proceso formal del traspaso de Impsa.
Comienzan a llegar las inversiones
Arc Energy, empresa ubicada en Houston, Texas, se centra en brindar soporte a la industria petrolera y gasífera. A pesar de haber sido fundada en 2011, Arc Energy se encuentra presente en América Latina, África, Asia y Europa, además de Estados Unidos, mediante sus inversiones. El objetivo de la empresa norteamericana es el de controlar totalmente la empresa argentina.
El CEO de Arc Energy, Jason Arcenaux, visitó en dos ocasiones las instalaciones de Impsa en Mendoza y destacó: «Es una empresa referente en América Latina y posee una historia única en el mundo. Tiene un equipo de trabajo de altísima formación y una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica. Asu vez posee certificados para diseñar y fabricar componentes nucleares capaces de convertirla en un actor protagónico del sector a nivel mundial».
Desde la sede de Arc Energy declararon que su misión es introducir Impsa a los mercados internacionales. Además la firma norteamericana busca «reestructurar la deuda actual de Impsa y generar nuevas oportunidades para instalarla como protagonista del sector energético mundial».
En la actualidad, el 63,7% de la empresa le pertenece al Estado Nacional, el 21,2% a la provincia de Mendoza y el 15,1% restante a diversos inversores privados. El estimado de la deuda que la compañía mantiene con los privados es de 500 millones de dólares, lo que motivó al Estado de intentar desligarse de ella.
