Después de seis meses de arduas negociaciones, el Congreso finalmente aprobó la Ley Bases, un logro significativo para el oficialismo que marca el cierre de la primera etapa de la gestión del presidente Javier Milei, centrada en la meta del déficit cero. La aprobación, que dejó fuera la polémica privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina, ha preparado el escenario para una serie de nuevas propuestas que se presentarán en la segunda mitad del año.
Una de las iniciativas más destacadas es la llamada «Ley Hojarasca«, propuesta por el próximo ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. Esta ley busca eliminar numerosas normas y regulaciones burocráticas obsoletas que obstaculizan el crecimiento económico. Sturzenegger enfatiza que la simplificación normativa es esencial para agilizar los procesos económicos y fomentar un entorno más dinámico para los negocios.
En el ámbito energético, se espera la introducción de una nueva ley de Hidrógeno. Según Eduardo Rodríguez Chrillo, secretario de Energía de la Nación, la propuesta incluirá normas técnicas y esquemas de certificación para la integración del hidrógeno en las redes de gas, entre otros aspectos. Rodríguez Chrillo destaca que esta ley será fundamental para el desarrollo de energías limpias y la diversificación de la matriz energética del país.
Mientras tanto, informó NA, el diputado nacional del MID, Oscar Zago, ha anunciado que se están preparando proyectos de privatización que serán presentados en los próximos dos meses. Estos proyectos, que cuentan con el apoyo de bloques dialoguistas, buscan reducir el gasto público y mejorar la eficiencia en sectores clave de la economía. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, también confirmó que el gobierno explorará esta vía si las privatizaciones no se incluyen en la Ley Bases.
Paralelamente, la Cámara de Diputados ya está discutiendo una serie de proyectos impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre ellos, la «Ley Antimafias» propone penas más severas para los delitos complejos y busca aplicar la máxima pena al mayor delito cometido por una organización criminal. Otros proyectos en debate incluyen la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para delitos sexuales y la modificación de la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.
El ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, también está trabajando en una reforma del Régimen Penal de Minoridad para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, respaldada por Bullrich, busca adaptar la legislación a la realidad actual y mejorar la eficacia del sistema penal juvenil.
Otra iniciativa clave es la reforma electoral, que el gobierno planea reintroducir con varios de sus elementos originales, como la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única. Aunque algunos aspectos controvertidos, como la uninominalidad de circunscripción, serán excluidos para facilitar las negociaciones, el objetivo es avanzar en una reforma que permita una mayor participación ciudadana y una selección más directa de los candidatos.
La propuesta de bajar la edad de votación a 13 años, alineada con la edad de imputabilidad, ha generado debate. Si bien el gobierno argumenta que los menores deben tener el derecho al voto si son considerados responsables penalmente, varios miembros de la oposición han expresado su desacuerdo, sugiriendo que esta medida es prematura y poco realista.
Finalmente, el gobierno de Milei también busca ampliar el número de ministros de la Corte Suprema, una propuesta que ha sido recurrente en administraciones anteriores. La intención es no solo aprobar los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, sino también sumar más mujeres al tribunal y darle una impronta más federal, fortaleciendo la representación y la diversidad en el máximo órgano judicial del país.
