El presidente argentino, Javier Milei, ha promulgado la Ley de Bases junto con un paquete de medidas fiscales, a través de los Decretos 592 y 593. Esta ley declara la emergencia pública en diversas áreas, incluyendo la administración, economía, finanzas y energía, por un período de un año, otorgando al Poder Ejecutivo amplias facultades para llevar a cabo reformas en el Estado.
La promulgación de esta ley, publicada en el Boletín Oficial, se produce en la antesala de la firma del Pacto de Mayo, un evento clave que tendrá lugar esta noche en la Casa Histórica de la provincia de Tucumán. De acuerdo a datos de la agencia NA, el presidente Milei podrá modificar, eliminar o reorganizar órganos de la administración central y descentralizada, con la excepción de universidades y ciertos organismos judiciales y legislativos.
Los decretos que oficializan estas leyes llevan las firmas del presidente argentino, del jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo, asegurando la entrada en vigor de estas legislaciones. La administración libertaria ha señalado que la reglamentación del apartado fiscal será una prioridad, con un enfoque especial en la restitución del Impuesto a las Ganancias y en las facultades delegadas. Según fuentes del gobierno, estas reglamentaciones entrarán en vigencia en un plazo de 2 meses.
Se ordena dos privatizaciones
Uno de los puntos más destacados de la nueva ley es la privatización de empresas estatales, incluyendo Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Este movimiento hacia la privatización refleja la agenda del gobierno de Milei de reducir la participación del Estado en sectores clave de la economía.
En cuanto al empleo público, la ley establece nuevas regulaciones para el personal afectado por las reestructuraciones. Los empleados estarán en situación de disponibilidad por un período máximo de 12 meses, durante el cual deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al finalizar este período no se ha formalizado una nueva relación laboral, el trabajador será desvinculado automáticamente, una medida que busca agilizar la reforma del sector público.
Milei toma el control total sobre los contratos de obra pública sin intervención del Parlamento
La normativa también autoriza la renegociación o rescisión de contratos de obra pública, concesión, construcción o provisión de bienes y servicios. Esta disposición permite al gobierno suspender o rescindir contratos cuando resulte más conveniente para el interés público, otorgando flexibilidad para ajustar acuerdos en función de las necesidades emergentes.
Con la promulgación de la Ley Bases, el gobierno de Milei busca implementar una serie de reformas que transformen la estructura del Estado argentino. La capacidad de reorganizar y privatizar sectores clave, junto con la flexibilidad en la gestión de contratos públicos, posiciona al Poder Ejecutivo para efectuar cambios rápidos y profundos en la administración pública.
