La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, prorrogar al menos 60 días el vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares que las pymes mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La Resolución General N° 17/2024 del Ministerio de Economía y la Resolución General N° 5482/2024 de la AFIP disponía la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares –hasta el 31 de julio– para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa.
Aún no se reglamentó la Ley 27.743 “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”. Allí, según precisó la agencia NA, se establece un régimen de regularización de deudas vencidas al 31/03/2024 y que también posibilitará la regularización de deudas pasibles de ejecución fiscal.
El pedido de CAME se enmarca en un período de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, con impacto sobre la capacidad de pago de las pymes. En este contexto, la entidad advirtió que será difícil la regularización de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación extra de ahogo financiero.
Irregularidades que presionan más a las pymes
La industria del juicio laboral en la Argentina alcanzó niveles críticos, a tal punto que empezó a poner en riesgo la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas (pymes). Así lo afirmó el abogado laboralista Héctor García al denunciar la falta de aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia por parte de los camaristas laborales, quienes suman intereses a los intereses, generando indemnizaciones millonarias.
García afirmó que la tasa de litigiosidad está en crecimiento y que no hay incentivos para la conciliación. “Los juicios laborales generan zozobra entre los empleadores, especialmente las pymes”, destacó el letrado en declaraciones a A24. En esta línea, advirtió que “estos juicios pueden llevar a la desaparición de muchas empresas debido a la elevada cartera laboral”.
Seguidamente, García subrayó que los intereses siderales llegan hasta 8.000% y agravan la situación de las empresas. Además, la falta de unanimidad en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo genera criterios dispares, añadiendo incertidumbre. En este sentido, el letrado consideró que es necesario un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial, el Legislativo y los actores sociales para encontrar una solución sostenible.
Por otra parte, un informe del INDEC analizó la situación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) durante los primeros 6 meses de la gestión del presidente Javier Milei. Al profundizar sobre el estado de las pymes, declaró que cerraron más de 10.000 firmas.
