Las organizaciones sociales vuelven a quedar en la mira por un nuevo presunto caso de irregularidades con fondos. En este caso, en la provincia de Neuquén, donde el fiscal Pablo Vignaroli reveló detalles sobre la investigación de malversación de fondos en organizaciones de ese distrito de la Patagonia, donde, aparentemente, se desviaban los subsidios destinados a éstas de manera sistemática.
Según Vignaroli, obligaban a los integrantes de las organizaciones sociales a realizar aportes mensuales que terminaban en manos de referentes de niveles superiores dentro de la organización. Los allanamientos, inicialmente dirigidos a obtener planillas que mostraran la rendición del dinero entregado, revelaron prácticas coercitivas como la obligación de asistir a manifestaciones o cortes de ruta bajo amenaza de represalias, según Noticias 7 de Neuquén.
A su vez, a aquellos que no cumplían los privaban de beneficios como bolsas de comida, según la investigación basada en registros telefónicos y de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. La gravedad del caso se intensifica con la revelación de que la Cooperativa Viento Sur recibió aportes no reintegrables por más de $ 1.183 millones entre los meses de enero y diciembre de 2020.
Estos fondos, destinados originalmente al Programa de Capacitación de Integrantes de Organizaciones Sociales según el Decreto 1.672 del 18 de agosto de 2022, deberían haberse utilizado para generar oportunidades laborales a través de formación en oficios. El fiscal de la causa sostuvo que, a pesar de ser no reintegrables, los fondos públicos deben rendirse según la Ley de Administración Financiera, asegurando que se utilicen conforme a su propósito original.
El escándalo desató un debate sobre la transparencia en la asignación y rendición de fondos públicos destinados a programas sociales, enfatizando la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión para prevenir futuros casos de corrupción en el manejo de recursos destinados a beneficiar a sectores vulnerables de la sociedad. Otra vez la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez quedó envuelta en otra irregularidad con los aportes a organizaciones sociales, dado que la auditoría hecha comenzó en 2023.
