El Gobierno nacional denunció una red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante los 12 años de kirchnerismo. La auditoría general sobre las pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores se detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” reveló un desvío de fondos estimados en 3400 millones de dólares solamente durante el último año.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que el trabajo de auditoría fue encabezado por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo. Así, reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045.
En tanto, a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, indicó Adorni. Entre las graves irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”. De ellas, “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.
Qué descubrió el relevamiento del Gobierno nacional
“Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo más de medio punto del producto. Del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando”, indicó el vocero presidencial.
Además, dijo: “Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados. A cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el gobierno nacional de 1.5 millón de pesos por afiliado”.
“Las pensiones por discapacidad deberían tener como destino solamente a aquel que tenga una discapacidad para trabajar y que requiera esta prestación, y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja”, indicó. Y agregó: “Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente. La Argentina de la avivada, que es corrupción con el dinero de los contribuyentes, se terminó bajo la administración del presidente Milei”.
Las maniobras más insólitas para pedir la pensión
También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez. En tanto, en 2022, “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó, para la obtención de una pensión, la radiografía de un perro”. Este fue un material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia ya que en la imagen se puede ver la cola del perro.
«Tenemos radiografías bajadas directamente desde Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que, en teoría, no podía trabajar por una incapacidad grave. En vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado La herida. Ese es el diagnóstico médico que justificaba el pedido de la pensión por invalidez», ilustró Manuel Adorni.
Por otra parte, mencionó que «se encontró con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o incapacidad». De esta forma, de los 2559 casos auditados, sólo el 7% (185) cumplen con los requisitos.
