El gremio de bancarios, liderado por el diputado kirchnerista Sergio Palazzo, se ha presentado ante la Justicia con el objetivo de detener la reciente reglamentación del impuesto a las Ganancias que afecta a más trabajadores. Según el sindicato, la nueva ley es «confiscatoria» y afecta negativamente el salario de sus afiliados.
El Gobierno reglamentó un decreto que reduce el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, lo que implica que entre 800.000 y un 1.000.000 de trabajadores volverán a estar sujetos a este tributo. En respuesta, La Bancaria argumenta que la medida es «ilegítima» y que sólo ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, sin el respaldo del Senado.
«Nos presentamos a la justicia pidiendo la no aplicación de la ley que instaura nuevamente un impuesto al salario», declaró Palazzo en su cuenta personal de la red social X. El sindicalista insiste en que la ley no es válida ya que fue rechazada por el Senado. «¡La Cámara de Senadores la rechazó! No produjo cambios o modificaciones, la voluntad expresa de los senadores fue el rechazo», enfatizó.
La nueva ley establece que los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de un sueldo bruto de $1,8 millones para solteros sin hijos y $2,2 millones para empleados con dos hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo. Estos cambios entrarán en vigor con los salarios percibidos a fin de mes o a principios de agosto.
Ante esta situación, el gremio espera que la AFIP publique las nuevas tablas con los valores actualizados para que las empresas puedan realizar las retenciones correspondientes en los sueldos de julio. Hasta ahora, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalente a $2.340.000 hasta junio y $3,5 millones desde julio, sin distinción de carga familiar.
Para los bancarios el impuesto a las Ganancias es «confiscatorio»
Palazzo sostiene que la medida es injusta y menciona varios principios que considera vulnerados por la nueva norma. Entre ellos, destaca la intangibilidad del salario y el principio de carácter alimentario del mismo, argumentando que la ley es «confiscatoria».
«Espero que la Justicia actúe en consecuencia y le dé la razón a los trabajadores», concluyó Palazzo, subrayando la importancia de proteger los derechos salariales de los empleados frente a medidas que considera arbitrarias y perjudiciales.
