El Gobierno nacional ha anunciado la rescisión de contratos de más de 70 oficinas en toda la Argentina, lo que supone un recorte mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220 pesos para el Estado nacional. Esta acción es parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
La medida fue comunicada por la Jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La administración libertaria ha decidido avanzar en una «reducción significativa en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país».
En términos geográficos, se resolvió la rescisión de 23 contratos en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se incluyeron contratos de alquiler en provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Estas oficinas cerradas albergaban a más de 3.500 trabajadores de diversos entes de la administración estatal, como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, INADI, ENARGAS y ENACOM, entre otros. En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional.
La Jefatura de Gabinete ha subrayado que la intención del Poder Ejecutivo es continuar con esta política de rescisión de contratos de alquiler. De hecho, se prevé la rescisión de 106 contratos más, como parte de una estrategia continua para reducir los costos y optimizar los recursos públicos.
El plan de ajuste del Gobierno nacional sigue en marcha
La baja de 71 contratos de alquiler a nivel nacional forma parte de un esfuerzo del Gobierno por contribuir a la reducción del gasto público. Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que esta medida «contribuye de manera notable a la reducción del gasto público» y anunciaron la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres para optimizar los recursos del Estado.
La medida ha sido bien recibida por algunos sectores, aunque también en las redes sociales ha generado críticas y preocupaciones sobre el impacto en los trabajadores y en la operatividad de los servicios públicos.
