El Gobierno nacional extendió hasta el 4 de septiembre el plazo de inscripción para mantener la Tarifa Social en el consumo de servicios eléctricos. Así lo anunció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la habitual conferencia de prensa que ofrece en la Casa de Gobierno.
Quienes están obligados a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) son aquellos que fueron incorporados automáticamente a ese listado. Ahora deberán realizar el trámite para expresar su necesidad de ser beneficiarios de la Tarifa Social.
El funcionario del Gobierno de Javier Milei resaltó que la iniciativa apunta a lograr que “la asistencia se focalice en quien realmente no puede pagar el servicio”. Se estima que son 1.700.000 usuarios quienes deberán inscribirse y quienes no lo hagan perderán el beneficio.
Los hogares se encuentran divididos en tres categorías según niveles de ingresos: Altos ingresos (N1), Ingresos bajos (N2) e Ingresos Medios (N3). Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.
Aumento de tarifas
Las boletas del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provisto por AySA, tendrán un incremento del 5,16% en agosto, sumando en lo que va del año un alza del 255%. La factura promedio sin impuestos pasará de $ 17.858 a $ 18.799; con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $ 22.700.
De todas maneras, las tarifas varían según la segmentación de los usuarios que aún reciben subsidios, según informó la Secretaría de Obras Públicas. Con respecto a las tarifas de luz y gas para el octavo mes del año, todavía no está definido que se aplique un nuevo ajuste, tras la postergación de las actualizaciones que estaban previstas realizar en julio.
En general, la disparada en las tarifas de servicios, que en algunos casos acumulan un alza del 800%, llevó a que una familia tipo necesite casi $1,5 millones para afrontar sus gastos. El dato, estimado por un estudio privado explica por qué la pobreza alcanzó niveles récords en la Argentina, con casi el 60% de la población en esa situación.