La Asociación Madres de Plaza de Mayo, en la ronda de todos los jueves, rechazarán la intervención de su Universidad Nacional (UNMa) y denunciarán «persecución ideológica» por parte del gobierno del presidente Javier Milei. Se trata de la única institución universitaria en ser investigada de ese modo.
Asimismo, repudiaron la medida llevada a cabo por el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, de desplazar a la actual rectora, electa por la Asamblea Soberana, Cristina Caamaño, y haber designado en su lugar a Eduardo Luis Maurizzio. En un comunicado, las Madres aseguraron que “resistirán esta acción fraudulenta e ilegítima” porque “el ejemplo de sus hijos las guía” y la lucha de tantos años “llevó a crearla».
“Desde enero la Universidad no recibe un solo peso de lo que le corresponde por ley. Los compañeros, docentes y no docentes, están ayudando un montón, porque están trabajando igual. Desde que logramos ser universidad nacional nos están atacando por todos lados”, expresó una de las integrantes de la Asociación, Carmen Arias.
Varias entidades, organismos y políticos manifestaron su rechazo a este accionar por parte del Ejecutivo y lo hicieron público a través de sus redes sociales. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) sostuvo que “la intervención y el desfinanciamiento de la UNMa debe redoblar la vigilancia de toda la comunidad universitaria de Nuestramérica”.
Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Lomas de Zamora indicó que “todas estas acciones forman parte de la política de destrucción de las organizaciones e instituciones que reivindicamos y defendemos la vigencia de los DDHH y deben ser repudiadas por la sociedad en su conjunto”.
La postura del Gobierno nacional
Desde el gobierno de Javier Milei, la postura ha sido clara respecto a la revisión de las universidades creadas durante la gestión anterior. Al poco tiempo de asumir, Milei decidió suspender la apertura y poner bajo revisión cinco universidades, incluida la UNMA. Entre las afectadas también están las universidades de Pilar, Río Tercero, Ezeiza y el Delta.
Cristina Caamaño, exfiscal y exinterventora de la AFI, ha sido una figura central en la defensa de la UNMA. Desde su rol como rectora, Caamaño ha denunciado repetidamente la gravedad institucional de la retención de fondos por parte del Estado. «La gravedad institucional aportada por el Estado Nacional en retener los fondos legítimamente asignados es de un precedente histórico que no solo daña al sistema educativo, sino también a la vida democrática que merece nuestra Nación», declaró la rectora que perdió el cargo.
El gobierno, por su parte, ha cuestionado la legitimación de Caamaño como rectora, señalando que su designación quedó sin efecto tras una resolución emitida por el Ministerio de Capital Humano. Esta situación añade otra capa de complejidad al conflicto, enmarcado en un panorama de tensiones políticas y sociales que sigue escalando.
