El Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que ha enviado al Congreso un proyecto de ley que ampliará las funciones de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y otras actividades vinculadas con la seguridad interior. La medida permitirá al ejercito. realizar patrullajes, controles de personas y vehículos, y detenciones en flagrancia en toda la Argentina.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en su conferencia de prensa: «Hace algunos años se firmaron pactos de silencio con los que causaron dolor y sufrimiento a los argentinos y hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley». Esta declaración se enmarca en la política del gobierno de Javier Milei de reforzar la seguridad y enfrentar las amenazas internas con medidas contundentes.
El proyecto de ley sugiere una «opción intermedia» en la que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea colaboren con la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta colaboración se dará en situaciones calificadas como «acciones terroristas que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación».
El método con el que intervendrían las Fuerzas Armadas en seguridad interior
El Ministerio de Defensa, a propuesta de un Comité de Crisis creado en una provincia en riesgo, podrá ordenar a las FF.AA. apoyar «las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de diferentes capacidades». Este Comité deberá calificar la situación y coordinar las acciones con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior de la Nación.
En este contexto, la ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, calificó como «terrorismo» el asesinato de un trabajador en Rosario, argumentando que busca crear terror en la población en medio de una serie de ataques narcos. El proyecto estipula que el Comité de Crisis podrá ordenar medidas como «patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles». Además, las FF.AA. podrán proporcionar seguridad a instalaciones y realizar aprehensiones en flagrancia.
En estos casos, «el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito». Adicionalmente, el Ministerio de Defensa deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado, asegurando que cualquier uso de la fuerza sea «racional, progresivo y proporcional».
Finalmente, el proyecto subraya que las FF.AA. «deberán contar con la capacitación técnica y legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas, así como con el equipamiento adecuado a las necesidades operativas de la misión». Esta propuesta ha generado un amplio debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y su impacto en los derechos civiles.
