A través del decreto 695, publicado en el Boletín Oficial este lunes, el Gobierno nacional ha reglamentado el primer tramo de la ley “Bases” con el objetivo de avanzar en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La reglamentación busca no solo la reorganización administrativa, sino también avanzar en las privatizaciones y en la regulación del empleo público. A continuación, se detallan los aspectos centrales del decreto:
- Reorganización administrativa:
El decreto establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reorganizar, transformar o liquidar fondos fiduciarios públicos, conforme a lo establecido por la Ley N° 27.742. - Privatizaciones:
Se disponen procedimientos específicos para la privatización de empresas estatales. Estos procedimientos incluyen la presentación de informes detallados y la publicación de convocatorias para ofertas, asegurando transparencia y competencia en el proceso. - Silencio administrativo:
Se implementa el principio de «silencio con sentido positivo», lo que implica que una solicitud administrativa se considera aceptada si no recibe respuesta dentro del plazo establecido. Esta medida busca agilizar los trámites y reducir la burocracia. - Reglamentación y ajustes:
Se ajustarán las normas de procedimientos administrativos y de empleo público para alinearlas con las modificaciones introducidas por la nueva ley. La Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Innovación serán las encargadas de supervisar la correcta implementación de estos cambios.
El decreto 695 marca un paso significativo en la implementación de la ley “Bases”, estableciendo las bases para una administración más eficiente y orientada a resultados. Con estas reformas, el Gobierno espera mejorar la eficiencia del sector público, fomentar la transparencia en los procesos de privatización y modernizar el empleo público, alineándolo con las mejores prácticas internacionales.
