El Papa Francisco recibió a Anita Fernández, nieta de Esther Balestrino de Careaga, una de las víctimas de Alfredo Astiz, conocido como «el ángel de la muerte». Durante el encuentro en el Vaticano, Francisco condenó la visita de los diputados de La Libertad Avanza a represores de la última dictadura militar y lo calificó como un acto «peligroso».
Fernández, que también es hija de Ana María Careaga, secuestrada y torturada durante la dictadura, llevó el testimonio de su familia al pontífice, quien expresó su solidaridad y reiteró la importancia de mantener viva la memoria histórica. «Conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas, sino de los testimonios», instó Francisco, subrayando la necesidad de continuar luchando por la verdad y la justicia.
En un comunicado difundido tras la reunión, el Instituto Espacio para la Memoria resaltó las palabras del Papa, quien recordó con especial afecto a Esther Balestrino de Careaga, a quien conoció personalmente en Buenos Aires. El Papa destacó la influencia que ella tuvo en su formación, especialmente en términos de compromiso social y amplitud política. Estas palabras resonaron con fuerza en un contexto de creciente preocupación por los intentos de reescribir o minimizar el horror vivido durante la dictadura.
En el Congreso planean expulsar a los diputados que se reunieron con los represores de la última dictadura militar
La reacción política en Argentina no se hizo esperar. El bloque de Unión por la Patria (UP) anunció la intención de conformar una comisión investigadora para analizar el accionar de los diputados que visitaron a Astiz y otros represores. La iniciativa busca esclarecer los motivos detrás de la visita y determinar si hubo irregularidades en el procedimiento, como la posible violación de normas del Servicio Penitenciario Federal.
Además, la visita a los represores también derivó en denuncias penales. El abogado Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous presentaron una demanda ante la Justicia para investigar a los legisladores libertarios y a los funcionarios penitenciarios involucrados en la organización de la visita. Según los denunciantes, las acciones de los diputados podrían haber puesto en riesgo la seguridad en el penal, además de incurrir en falsedad ideológica al ocultar el verdadero propósito de la visita a algunas diputadas que participaron.
Dos de las legisladoras que formaron parte de la visita, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, aseguraron haber sido «engañadas» y declararon no estar al tanto de que visitarían a represores. Esta revelación fue uno de los puntos clave en la denuncia presentada ante el juez del Tribunal Oral Federal 5 de Capital Federal, Daniel Obligado. La causa fue remitida al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak, para una investigación exhaustiva.
El incidente ha generado una fuerte controversia y un clima de tensión en el ámbito político. Las acciones de los diputados libertarios han encendido un debate sobre el tratamiento de los crímenes de la dictadura y el papel de los representantes públicos en la preservación de los derechos humanos.
