En medio de un nuevo respaldo del presidente Javier Milei, que en las últimas horas destacó que “se la pasa persiguiendo corruptos”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia por presuntos hechos de corrupción ante la Justicia. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a través de su director, Mariano de los Heros, denunció al gobierno anterior por una presunta malversación de $ 118 millones.
El organismo previsional, que depende de Pettovello, realizó una auditoría sobre un fondo que debía ser destinado a proyectos productivos. Detectaron 22 hechos que podrían presentar irregularidades y presentaron toda la documentación ante la Justicia Federal para que se investigue el destino de más de $ 118 millones que integraban un fondo que debían asignarse a obras de desarrollo productivo y que el gobierno anterior habría asignado de manera discrecional y sin cumplir requisitos mínimos de transparencia en la ejecución.
En este sentido, se pidió que se investigue la administración del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino (FAE), por haber encontrado “inconsistencias y discrecionalidad tanto en la elección del destino de los fondos, como en la operatoria de rendición de los mismos”, consignó NA a partir de Infobae.
Por una denuncia similar a esta, presentada también por el organismo que conduce Pettovello, tomó estado público el escándalo de los seguros, que salpicó al expresidente Alberto Fernández y su círculo más cercano de amigos y funcionarios, y que luego derivó en la difusión de los chats entre el ex presidente y su pareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia de violencia de género y comportamientos inapropiados para un jefe de Estado.
Según la acusación, los fondos presuntamente desviados a fines no previstos por la normativa vigente al momento de la comisión de los hechos “ascienden a la suma de 118.625.555,22 pesos, que actualizados a valor presente por Índice de Precios al Consumidor desde el momento de cada desembolso harían un total de aproximadamente 423.451.935,45 pesos”.
Según la Ley Nº 27.574, el FAE está integrado por las transferencias de los honorarios de funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el Fondo de Garantías de Sustentabilidad tenga participación accionaria. También dispone que “los activos que integran dicho fondo deben destinarse a la recuperación, la producción y el desarrollo argentino, para el desarrollo sustentable de la economía nacional y los controles que deben aplicarse para la transparencia en su administración”.
La denuncia involucra al menos 22 hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y podrían quedar encuadrados en los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública y malversación de fondos públicos”.
“Tales conductas constituirían actos de corrupción en los términos establecidos por la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, al que nuestro país se encuentra adherida, ya que denotarían una administración discrecional e injustificada, que habría ocasionado, a priori, un perjuicio patrimonial a Anses y al FAE”, se indicó.
Al respecto, De los Heros resaltó que desde el inicio de la actual gestión se viene trabajando de manera coordinada con Capital Humano “en la revisión y auditoría de todas aquellas actuaciones administrativas que han comprometido fondos públicos durante anteriores gestiones” y en ese proceso “hemos encontrado varias irregularidades o inconsistencias y hemos realizado las correspondientes denuncias en cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios públicos”.
Según la denuncia, de los 22 hechos detallados se desprende que los activos del FAE no habrían tenido como destino proyectos productivos conforme establece la Ley Nº 27.574, y tampoco se habría respetado lo previsto en cuanto a dónde invertir dichos fondos, ni los principios de seguridad y rentabilidad que deben primar en toda inversión y que impedirían la utilización caprichosa de los fondos para fines distintos a los que la ley prevé.
