En un nuevo capítulo de la disputa política en torno a la ley jubilatoria, los bloques opositores de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal y la Coalición Cívica (CC) presentaron hoy un pedido de sesión especial en la Cámara de Diputados, prevista para el próximo miércoles. El objetivo: revertir el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso que establece un aumento adicional del 8,1% para jubilados y pensionados, destinado a compensar la inflación de enero de 2024.
La solicitud, encabezada por los presidentes de los bloques de la UCR, Rodrigo de Loredo, de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, y de la CC, Juan Manuel López, cuenta con el respaldo de una veintena de legisladores. Sin embargo, la misión que enfrentan estas fuerzas no será sencilla: deberán primero reunir 129 diputados para habilitar la sesión y luego alcanzar los dos tercios de los presentes para rechazar el veto presidencial y reafirmar la ley previamente aprobada.
Un escenario complicado
El desafío para la oposición radica en obtener el apoyo necesario dentro de un contexto polarizado. Si los 257 diputados estuvieran presentes en la sesión, la oposición requeriría de 172 votos para superar el veto presidencial. Por su parte, el oficialismo trabajará para reunir al menos 86 votos y bloquear el rechazo al veto.
Uno de los puntos clave en la estrategia opositora es evitar el debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza), quien ya ha adelantado que no convocará la comisión para tratar el tema. Esto ha llevado a los bloques opositores a acelerar los tiempos y forzar la sesión especial.
Aunque la oposición tiene asegurado el quórum necesario para iniciar la sesión, gracias al respaldo de Unión por la Patria y sus 99 legisladores, existen dudas sobre si la UCR podrá reunir a los 33 diputados que la componen. Según versiones, hasta siete legisladores radicales podrían no estar alineados con el rechazo al veto, lo que podría complicar las aspiraciones de la oposición.
El contenido de la ley
La ley vetada propone un aumento adicional del 8,1% en los haberes jubilatorios para cubrir el desfasaje entre el incremento otorgado por el Gobierno (12,5%) y la inflación registrada en enero (20,6%). Además, establece que las jubilaciones se ajusten de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla un aumento extra en marzo de cada año, vinculado al 50% de la variación del salario promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
El Gobierno argumentó que esta ley implicaría un gasto extra de 6 billones de pesos en 2024 y 15 billones en 2025, lo que equivaldría al 1,02% y 1,64% del PBI, respectivamente. Según las estimaciones oficiales, la implementación de la normativa significaría un incremento del 18,5% en el gasto de la ANSeS para el año próximo y de 29,2% para 2025, lo cual va en contra de la política de déficit cero que busca aplicar la administración.
Tensiones internas
La solicitud de sesión especial ha expuesto divisiones dentro del radicalismo, donde, pese a la firma de 17 de sus miembros, persiste incertidumbre sobre la postura de otros legisladores. La falta de consenso podría dificultar la estrategia opositora para alcanzar los dos tercios necesarios en el recinto.
Mientras tanto, la Coalición Cívica y Encuentro Federal han asegurado la presencia de sus legisladores en la sesión, con la expectativa de sumar todos los apoyos posibles para contrarrestar el veto.
El desenlace
El debate en torno a esta ley jubilatoria pone en juego no solo el bienestar de millones de jubilados, sino también el equilibrio fiscal del país. El próximo miércoles se sabrá si la oposición consigue los votos necesarios para revocar el veto o si el oficialismo logra bloquear el intento y mantener la política fiscal que ha priorizado.
Este enfrentamiento en el Congreso no solo refleja las tensiones por la política económica del país, sino también los desafíos políticos internos que enfrentan los bloques opositores al intentar consolidar sus estrategias en un escenario cada vez más polarizado.
