El Gobierno nacional, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, respaldó el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y destacó como «exitoso» el operativo llevado a cabo para contener la movilización en rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Actuación de Jubilaciones. El despliegue de fuerzas de seguridad, sin embargo, ha generado controversia tras la difusión de imágenes en las que un efectivo arrojó gases lacrimógenos a una menor de 10 años, lo que ha provocado una ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Durante una conferencia de prensa, Adorni se refirió al incidente, exonerando de culpa a las fuerzas de seguridad y responsabilizando a la madre de la menor por la exposición de su hija en el lugar de los hechos. “Nos apena de sobremanera lo ocurrido, pero la responsabilidad es de la madre. Eso no implica que el operativo no haya sido exitoso”, afirmó el vocero.
Pese a la condena pública y a los pedidos de explicaciones sobre el accionar policial, el Gobierno se mantuvo firme en la defensa de Bullrich. «La doctora Bullrich entiende que el operativo fue impecable, por supuesto, sin los lastimosos episodios«, sostuvo Adorni. Este respaldo parece alinearse con la postura oficial de priorizar el control del orden público en escenarios de protestas, aunque surgen cuestionamientos por la falta de un protocolo más exhaustivo que garantice la integridad de los manifestantes, en particular de los menores.
El episodio del gas lacrimógeno encendió una luz de alerta en torno a las responsabilidades dentro de la estructura de Seguridad. Cuando se le preguntó a Adorni sobre el futuro del Jefe de Policía, Luis Rolle, y de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, evitó brindar precisiones. “Suele realizarse una revisión profunda de cada operativo”, respondió de forma ambigua, dejando la puerta abierta a posibles cambios en la cúpula de la fuerza.
La manifestación, que tenía como objetivo expresar el descontento popular por el veto presidencial a la ley que mejoraría las condiciones jubilatorias de miles de ciudadanos, derivó en una fuerte represión que dejó varios heridos y detenidos. Las críticas apuntan al uso desproporcionado de la fuerza, una cuestión recurrente bajo la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
A pesar del respaldo gubernamental, el manejo de las protestas y las denuncias de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad podrían representar un nuevo desafío para el Gobierno, en un contexto de creciente tensión social y demandas por mayor respeto a los derechos humanos en los operativos policiales.
El accionar de la policía en este tipo de protestas sigue siendo un tema de debate en la sociedad, que espera con atención las decisiones que se tomarán en los próximos días sobre la continuidad de los responsables operativos.
