En el marco de la cena anual de Poder Ciudadano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, enfatizó la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información pública como pilares fundamentales para la calidad institucional del país. Sus declaraciones llegan tras la reciente decisión del Gobierno nacional de restringir los pedidos de acceso a la información pública a través de un decreto que ha generado controversia.
“La calidad institucional implica la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública”, sostuvo Rosatti en su discurso, en un claro mensaje hacia las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei. La restricción en el acceso a la información pública ha sido interpretada por diversos sectores como un retroceso en términos de transparencia y control ciudadano sobre el Estado.
Transparencia y demandas sociales
Durante su intervención, informó NA, Rosatti subrayó la creciente demanda social de transparencia, destacando la necesidad de un gobierno abierto y accesible a los ciudadanos. «Hay una demanda social de transparencia«, afirmó, remarcando que la calidad institucional se mide en gran parte por la capacidad del Estado para permitir un flujo libre de información, esencial para la participación democrática.
El presidente de la Corte también aprovechó su discurso para referirse a la situación interna del Poder Judicial. Sin mencionarlo explícitamente, lanzó una crítica a su antecesor, Ricardo Lorenzetti, al señalar que durante las gestiones previas hubo una «conducción unipersonal y super concentrada» que él considera necesario dejar atrás.
El desafío del sistema judicial y la acumulación de causas
Rosatti abordó otro de los problemas estructurales que enfrenta la justicia argentina: la sobrecarga de causas que llegan a la Corte Suprema. Según explicó, el tribunal dicta alrededor de 12.000 sentencias al año, resolviendo unas 20.000 causas, de las cuales un 65% proviene del propio Estado. “Por ejemplo, en materia previsional, el Estado apela para no pagar una sentencia y ganar tiempo, aunque ya sabe cuál será el resultado porque existen precedentes”, denunció.
Esta acumulación excesiva de litigios, especialmente cuando el Estado está involucrado, genera una lentitud en la justicia que afecta la percepción pública de su eficiencia. Rosatti insistió en que el problema no radica únicamente en la velocidad de las sentencias, sino en el «ingreso descontrolado de causas», que congestiona el sistema judicial y pone en riesgo su capacidad de actuar como un tribunal de garantías constitucionales.
Judicialización de la política y falta de respuestas
Rosatti también advirtió sobre el fenómeno de la judicialización de la política, una tendencia que, según él, se debe a la falta de respuestas por parte de los poderes representativos, lo que incrementa la cantidad de controversias que se resuelven en los tribunales. “Es muy difícil ser un tribunal de garantías constitucionales cuando todo se judicializa y llega a la última instancia”, afirmó.
El titular de la Corte Suprema instó a recuperar el diálogo y los mecanismos de conciliación como medios para resolver conflictos, sin recurrir de inmediato a la vía judicial. “Si desde la sociedad no se utilizan estas herramientas, si lo que pasa a la mañana se judicializa a la tarde, todos perdemos”, advirtió, subrayando la importancia de fortalecer el diálogo y la concordia en la resolución de disputas.
Un llamado a la reflexión
Las palabras de Rosatti marcan un punto crítico en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y plantean preguntas sobre el futuro de la transparencia en Argentina. Mientras el gobierno de Milei defiende sus decisiones como parte de una agenda de reformas estructurales, las críticas de Rosatti sugieren la necesidad de un equilibrio institucional que permita salvaguardar los derechos ciudadanos y evitar la acumulación de poder.
El debate sobre la transparencia y el acceso a la información pública continuará, en tanto que la demanda de una justicia más ágil y eficiente, capaz de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, seguirá ocupando un lugar central en la agenda judicial.
