La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reclamó en las últimas horas por el tratamiento de la baja de edad de imputabilidad en el Congreso de la Nación. En este sentido, la funcionaria advirtió sobre distintos casos de menores de edad llegando “al máximo de la impunidad”, uno de ellos entrando 72 veces a la comisaría por una puerta y saliendo por la otra “porque no hay imputabilidad para los menores”.
“Mirá todos estos casos de jóvenes que llegaron al máximo de la impunidad…”, puntualizó Bullrich en un video difundido en su cuenta de X. Y, con imágenes de titulares de diarios alusivos, acotó: “Uno de ellos entró 72 veces y sigue cometiendo delitos porque no hay imputabilidad para los menores”. Frente a ello, instó: “Les pedimos por favor a los diputados que voten ya. Porque con imputabilidad para los menores, el que las hace, las va a pagar”, sentenció.
A mediados de julio último, los ministerios de Seguridad y de Justicia enviaron al Congreso de la Nación un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.
El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados lo firmaron el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). El mismo establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
A lo largo del proyecto se establece que no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes. En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple la cuestión punitiva”.
A su vez, también debería contemplar “medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”. “En este sentido, cabe destacar que la Ley 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.
