La Cámara Federal porteña emitió un fallo histórico al ordenar la detención y captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su principal aliado, Diosdado Cabello. Ambos líderes fueron encontrados responsables de un plan sistemático de represión que incluyó detenciones arbitrarias, secuestros y torturas contra ciudadanos venezolanos, en un esfuerzo por perpetuar su régimen en el poder.
La resolución también afecta a más de 30 jerarcas y militares del régimen chavista, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia, informó NA. Todos ellos fueron señalados como participantes clave en la maquinaria de represión que ha marcado el gobierno de Maduro.
El fallo, dictado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, el cual habilita a los países a juzgar crímenes graves contra los derechos humanos, independientemente del lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad de las víctimas o perpetradores. Este principio ha sido utilizado previamente en casos de dictadores y crímenes de lesa humanidad, buscando evitar la impunidad global.
Como parte de las acciones judiciales, se solicitará a Interpol la emisión de alertas rojas para facilitar la captura internacional de Maduro, Cabello y los otros dirigentes chavistas. Estas órdenes podrían obligar a naciones que mantienen vínculos con el régimen venezolano a tomar una postura clara ante los crímenes documentados.
El abogado Tomás Farini Duggan, uno de los impulsores de la denuncia junto al ministro de seguridad porteño, Waldo Wolff, señaló que esta medida busca generar un consenso internacional sobre las atrocidades cometidas por el gobierno venezolano. “Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad«, explicó Duggan en declaraciones a Clarín.
Esta denuncia es parte de una estrategia más amplia que incluye la presentación de pruebas ante la Corte Penal Internacional (CPI), buscando que organismos internacionales actúen frente a los crímenes del régimen chavista. A lo largo de los últimos años, diversas organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han señalado a Maduro y su círculo cercano como responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
Con este fallo, Argentina se posiciona como un actor clave en la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura venezolana, sumándose a una creciente presión internacional para que Maduro y su gobierno enfrenten las consecuencias de sus acciones en tribunales internacionales. La medida representa un hito en la lucha por los derechos humanos en la región y refuerza el mensaje de que la impunidad no será tolerada, sin importar el poder o la posición de los responsables.
Este desarrollo abre un nuevo capítulo en la relación de Argentina con Venezuela y podría intensificar el debate internacional sobre el rol de la justicia universal en la protección de los derechos humanos. La atención ahora se centra en cómo responderán los aliados de Maduro en la región y qué impacto tendrá esta decisión en las dinámicas diplomáticas y económicas entre los países que mantienen vínculos con el régimen venezolano.
