La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha lanzado un ultimátum a las entidades del sector que operan en incumplimiento de la normativa vigente. La entidad fiscalizadora del Gobierno nacional estableció un plazo de quince días corridos para que las empresas presenten la documentación requerida o realicen un descargo formal. Aquellas que no cumplan con este mandato enfrentarán la cancelación de su inscripción provisoria en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
Esta medida se enmarca en un proceso de saneamiento que el organismo ha intensificado en los últimos meses. Según informó NA, en lo que va de gestión, ya se ha dado de baja a 58 empresas que no habían presentado los documentos obligatorios, como padrones de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios y balances financieros. La Superintendencia advirtió que estas entidades continuaban operando sin ajustarse a las normativas vigentes, lo que generaba irregularidades en la prestación de servicios de salud.
“En estos nueve meses hemos recuperado el rol fiscalizador del organismo, exigiendo a las empresas la documentación que debían presentar y que no entregaban”, expresaron desde la SSS. De esta manera, lograron identificar a una serie de compañías que estaban registradas como prepagas, pero que en la práctica no cumplían con los requisitos formales para operar.
La intervención de la Superintendencia busca fortalecer la transparencia en el sistema de salud, un aspecto que el gobierno considera clave. “El cumplimiento de las normativas es fundamental para garantizar un mercado donde las entidades compitan de manera justa y ofrezcan servicios de calidad a los beneficiarios”, sostuvieron desde el organismo. La SSS también resaltó que su meta es asegurar que los usuarios accedan a prestaciones eficientes y a un mercado transparente, donde puedan elegir libremente entre los prestadores disponibles.
Con estas acciones, la SSS apunta a consolidar un sistema de salud más sólido, eficiente y ajustado a derecho, priorizando la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y la correcta regulación de las entidades que los brindan.
