Referentes de la cúpula de la CGT se encuentran reunidos esta tarde en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de la tensión con el sindicalismo después de la reglamentación de la reforma laboral.
Ingresaron a la sede gubernamental dos de los secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, además de otros dirigentes como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Roberto Fernández (UTA), Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA) y Daniel Ricci (FEDUN).
La reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley de Bases y el conflicto por Aerolíneas Argentinas profundizó en los últimos días el malestar en el vínculo entre la gestión libertaria y la CGT, que meses atrás ya se había retirado diálogo social promovido por el Gobierno.
Además de la reforma laboral, otro punto de conflicto es la situación de Aerolíneas Argentinas, empresa en la que los sindicatos han expresado preocupación por posibles despidos y reestructuraciones. Esta combinación de factores ha aumentado la tensión entre la CGT y el gobierno libertario, que ya había quedado marcada meses atrás cuando la central se retiró del diálogo social promovido por el Ejecutivo.
No obstante, en los últimos días, el gobierno mostró un gesto hacia los gremios al posponer en el Congreso el tratamiento de un proyecto de ley sobre democracia sindical, impulsado por legisladores del PRO y la UCR. Esta iniciativa busca eliminar la reelección indefinida de los dirigentes sindicales, prohibir la cuota solidaria, garantizar la representación de minorías en los cuerpos de los sindicatos, y exigir la presentación de declaraciones juradas, además de otras medidas orientadas a «democratizar» las obras sociales.
La reforma laboral
El Gobierno reglamentó los cambios el miércoles por la noche, luego de que el presidente Javier Milei volviera de su más reciente viaje a Estados Unidos y luego pasara por Córdoba a encontrarse con el gobernador provincial Martín Llaryora. En el documento se incluyeron cambios que fueron pactados entre el Poder Ejecutivo, la cámara de empresarios y varios sindicatos, entre ellos la misma CGT.
Entre los principales cambios se encuentran: la extensión del periodo de pruebas, pasando a ser de seis meses y en algunos casos hasta un año; la creación de los fondos de cese laboral, que reemplazarían a las indemnizaciones por despido; y el blanqueo de empleados no registrados. Si bien estas medidas fueron negociadas con los sindicatos, igualmente podrían generar conflictos por su aplicación.
