El Instituto Argentino del Transporte (I.A.T.), creado en 2014 con la finalidad de asesorar en la planificación estratégica del transporte en Argentina, fue oficialmente disuelto a través del Decreto 870/2024. Esta medida responde a la estrategia de Javier Milei de racionalizar el gasto público y eliminar redundancias en la administración estatal, según se justificó en el decreto.
El I.A.T. nació durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y bajo la gestión de su ministro de Transporte, Florencio Randazzo, informó NA. Su objetivo era integrar esfuerzos entre los sectores público y privado para promover la investigación en transporte y apoyar al Ministerio del Interior y Transporte en la creación de políticas para mejorar la infraestructura del país. No obstante, con el paso de los años, el Instituto comenzó a mostrar superposición de funciones con otras entidades como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban la planificación y ejecución de políticas en el sector.
En abril de 2024, el I.A.T. fue transferido a la órbita de la Secretaría de Transporte mediante el Decreto Nº 318/24, una medida que buscaba centralizar las funciones del organismo. Sin embargo, el Gobierno evaluó que muchas de las tareas del Instituto podían ser asumidas por otras dependencias sin que esto afectara la planificación estratégica del transporte.
El decreto de disolución justifica la medida en un contexto de optimización de los recursos públicos, destacando que la eliminación del I.A.T. es parte de un plan más amplio para maximizar la eficiencia estatal. Según el documento, mantener al Instituto resultaba innecesario debido a la duplicación de tareas con otras áreas ya existentes, lo que impactaba negativamente en la eficiencia administrativa.
El cierre del Instituto implica que todos sus recursos materiales y financieros serán absorbidos por la Secretaría de Transporte. Esta dependencia se encargará de continuar las funciones que realizaba el I.A.T., con el objetivo de mejorar la coordinación y evitar la fragmentación de competencias dentro del sector.
El Decreto 870/2024 no solo establece el traspaso de recursos, sino que también deroga el Decreto Nº 1004/14, que había dado vida al Instituto, formalizando así su cierre definitivo. Esta disolución es parte de una política más amplia de reforma del aparato estatal que ha impulsado el Gobierno con el fin de reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.
El Ejecutivo ha señalado en reiteradas ocasiones que una gestión eficiente del gasto público es clave para el desarrollo económico del país. Al concentrar las funciones del I.A.T. en áreas existentes, se busca evitar la dispersión de recursos y asegurar que la planificación del transporte, fundamental para la economía nacional, sea más efectiva.
