Connect with us

Hola, qué estás buscando?

POLÍTICA

Vuelos de Córdoba a las Islas Malvinas: Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Javier Milei y Diana Mondino

«La cuestión de las Islas Malvinas requiere otra estrategia», disparó Villarruel.

Islas Malvinas

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata presentó hoy una denuncia contra el presidente Javier Milei y la canciller argentina, Diana Mondino, por «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público». La denuncia surge tras el reciente acuerdo con Inglaterra sobre la reanudación de vuelos desde Córdoba a las Islas Malvinas. Ahora, la vicepresidenta de la Argentina, Victoria Villarruel salió a cuestionar la estrategia de Mondino y Milei.

La acción judicial, que se tramita en los tribunales de Retiro a cargo de la jueza federal María Servini, se centra en la decisión del Gobierno argentino de permitir vuelos con escala en Córdoba hacia las Islas. De acuerdo a datos de la agencia NA, los excombatientes argumentan que el acuerdo vulnera los intereses soberanos de la Argentina, al haberse tomado sin la intervención del Congreso, un punto clave en la denuncia.

En sus redes sociales, Villarruel expresó su descontento con el reciente acuerdo firmado por la canciller Diana Mondino con el Reino Unido para retomar vuelos hacia las Islas, reafirmando su postura crítica. «Malvinas requiere otra estrategia», sentenció Villarruel, quien ha mantenido un perfil independiente en temas clave del gobierno de Javier Milei.

La interna en La Libertad Avanza no es nueva, y Villarruel ha sido protagonista de varios cruces en las últimas semanas, incluyendo un fuerte enfrentamiento con la diputada Lilia Lemoine y con la propia canciller Mondino. «Los ‘kelpers’ no son parte de la discusión. Son población implantada», sostuvo Villarruel en otro comentario, evidenciando su firme rechazo al acuerdo que incluye vuelos hacia las Islas con escala en territorio argentino.

Además de las tensiones por Malvinas, la vicepresidenta se defendió de críticas relacionadas con los aumentos salariales a legisladores. «Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora», aclaró Villarruel ante las acusaciones de usuarios que la responsabilizaban por los recientes incrementos en las dietas legislativas. «Lo mismo hicieron los diputados que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo», agregó.

La vicepresidenta también se dirigió a un usuario que la descalificó, insinuando que sin Javier Milei no tendría relevancia política. «Siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso», respondió de manera contundente, dejando en claro su autonomía política dentro del partido.

El Gobierno nacional tomó una decisión sobre las Islas Malvinas sin consultar al Congreso

Este reclamo se suma a una denuncia previa presentada el lunes por la abogada Valeria Carreras, quien también responsabilizó a Mondino por el acuerdo con su par británico, David Lammy. Carreras afirmó que «se avanzó nuevamente sin dar intervención al Congreso», lo que, según su denuncia, violaría el artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece el rol del Parlamento en la aprobación de acuerdos internacionales.

En su denuncia, Carreras remarcó que el comunicado oficial del 24 de septiembre «prima facie establece derechos y obligaciones de carácter internacional» y, por lo tanto, debió haber sido tratado por el Congreso. En su visión, cualquier pacto de esta naturaleza requiere «imperiosamente» la intervención legislativa, ya que impacta en cuestiones relacionadas con la soberanía nacional.

El acuerdo firmado en Nueva York dispone la reanudación de vuelos desde San Pablo, Brasil, hacia las Islas Malvinas, con escala en Córdoba. Esta medida, negociada entre Mondino y Lammy, ha despertado críticas en diversos sectores, particularmente entre aquellos que consideran que implica una concesión en el reclamo histórico de Argentina sobre la soberanía de las Islas.

Los ex combatientes de Malvinas y la abogada Carreras coinciden en que cualquier negociación con el Reino Unido debe ser abordada con extrema cautela, y acusan al Gobierno de avanzar en decisiones que comprometen el mandato constitucional sin el debido respaldo legislativo.