La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que propone la regularización de la tenencia legítima de armas de fuego y extiende el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa fue aprobada con 142 votos a favor, en un inusual consenso entre oficialismo y bloques de oposición dialoguista, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, con la única excepción de la diputada Ana Aubone, quien se abstuvo.
El proyecto, que modifica la Ley 26.216 de Armas de Fuego, fue impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, y el presidente Javier Milei. Entre los puntos principales, introduce un sistema ágil para que los propietarios de armas puedan regularizar su situación a través de una declaración virtual. Además, informó NA, aquellos que renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no deberán volver a demostrar su idoneidad ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Por otro lado, el programa de entrega voluntaria, que busca reducir la cantidad de armas en circulación, se prorroga por tres años más. El mismo permite a las personas entregar sus armas de manera anónima y sin consecuencias legales, a cambio de un incentivo económico. Las armas entregadas son inmediatamente inutilizadas y destruidas bajo la supervisión de la ANMaC, garantizando su retiro definitivo de la sociedad.
La votación no estuvo exenta de debate. Desde Unión por la Patria, a través de su jefe de bloque Germán Martínez y otros diputados, se presentó una propuesta para que las armas no registradas se almacenen en depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización. En caso de no completarse este proceso, la ANMaC debería proceder a destruirlas. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada tras ser sometida a votación.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, del PRO, justificó la negativa argumentando que poseer un arma no registrada es un delito, y que el proyecto ya ofrece dos vías claras: la entrega voluntaria y la regularización de las armas. No obstante, aclaró que la normativa no pretende modificar las reglas sobre la portación de armas, que continúan restringidas a personal autorizado.
Por su parte, el diputado Martín Soria, vicepresidente de la misma comisión, destacó que en Argentina se producen ocho muertes diarias vinculadas a armas de fuego, y que uno de cada cuatro femicidios es cometido con ellas. Soria subrayó la necesidad de políticas activas para reducir la circulación de armas, especialmente en barrios vulnerables, como una medida indispensable para mejorar la seguridad en el país.
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas ha sido una herramienta clave para el desarme civil en Argentina, y la prórroga de su vigencia busca continuar ese esfuerzo. Según datos oficiales, se estima que existen alrededor de 800.000 armas no registradas en el país, lo que refuerza la urgencia de las medidas adoptadas.
La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados ahora pasará al Senado, donde se espera que continúe el debate sobre cómo avanzar en la regulación de la tenencia de armas y la reducción de la violencia armada en el país.
