El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatización y ha puesto a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en la lista de empresas que espera vender en el corto plazo. La venta del paquete accionario de la compañía pública de agua está proyectada para marzo de 2025, sumándose así a otras iniciativas de privatización, como la de Aerolíneas Argentinas.
La empresa AySA, que es responsable de proveer servicios esenciales de agua y saneamiento en gran parte del país, tiene actualmente una composición accionaria en la que el 90% pertenece al Estado, mientras que el 10% restante está en manos de los trabajadores de la compañía. A pesar de la voluntad del personal de preservar su participación, los despidos recientes de más de 1.300 empleados han tensado la situación. El Gobierno, por su parte, argumenta que el mantenimiento de la empresa ha requerido una inversión pública de más de 70.000 millones de pesos en lo que va del año, lo que justifica la intención de vender la mayoría de las acciones a manos privadas.
Contradicciones sobre el estado financiero de AySA
El jefe de AySA, Alejo Maxit, cercano a Mauricio Macri, ha sostenido una postura diferente respecto a las finanzas de la empresa. En una reciente publicación en redes sociales, Maxit destacó que la compañía logró el «equilibrio operativo» y un superávit en los primeros cinco meses del año, algo que describió como un hito en la historia de AySA.
El plan del Gobierno de Javier Milei se enmarca en un proceso más amplio de modernización del Estado, que incluye la privatización de varias empresas públicas. La administración argumenta que estas ventas permitirán reducir el gasto público y mejorar la eficiencia en sectores clave. Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte resistencia por parte de sectores que temen que la privatización de servicios esenciales como el agua pueda generar aumentos de tarifas y una menor calidad del servicio.
Qué modelo de privatización piensa el Gobierno
Una opción sería ofrecer las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores, permitiendo que el mercado determine su cotización. La otra alternativa sería convocar a una licitación pública, tanto nacional como internacional, y seleccionar la mejor oferta recibida. En ambos casos, la decisión final estará sujeta al visto bueno del Congreso, como establece la ley recientemente aprobada que regula los procesos de privatización.
Este debate no es nuevo en Argentina, donde la privatización de empresas estatales ha sido un tema recurrente y altamente polémico desde la década de 1990. Entre las otras empresas que figuran en la lista de privatizaciones en el 2025 son Impsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La venta de AySA, como la de otras empresas estatales, requerirá la aprobación del Congreso, donde el Gobierno de Javier Milei espera tener respaldo suficiente para llevar adelante su agenda de reformas. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la propuesta de privatización forma parte de un paquete de medidas destinadas a reducir el déficit fiscal y atraer inversiones al país.
