El gasto público de la Argentina se redujo en un 30,1% entre enero y septiembre de 2024. Este ajuste responde a la estrategia del Gobierno de Javier Milei para reducir el déficit fiscal, priorizando la paralización de la obra pública, la disminución de subsidios y recortes en jubilaciones. Durante septiembre, esta tendencia continuó con una caída del gasto devengado del 29,7%, lo que refleja el enfoque constante en reducir el gasto estatal.
Entre los sectores más golpeados por los recortes figuran las transferencias a provincias, la obra pública y los programas sociales. En comparación con septiembre de 2023, el gasto en obra pública cayó un 73,1%, mientras que las transferencias a las provincias se redujeron un 58,1%. En cuanto a los programas sociales, la baja fue del 47,4%, lo que impactó directamente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
El informe de la consultora Analytica también destacó que en septiembre no se registraron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, una situación que afecta su financiamiento. La caída interanual de estas transferencias es del 74,2%, lo que agrava las dificultades fiscales de las administraciones provinciales, que dependen de estos fondos para mantener el funcionamiento de servicios públicos y obras en curso.
A pesar de la disminución general del gasto, hubo un incremento en las asignaciones familiares y en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentaron un 8,6% en septiembre. Este aumento fue impulsado principalmente por un incremento del 57,8% en el gasto en la AUH, reflejando una estrategia del gobierno para sostener el poder adquisitivo de las familias de menores recursos.
Recortes en educación y salarios docentes
El sector educativo ha sido uno de los más perjudicados por la política de ajuste fiscal. El informe señala que el gasto en educación cayó un 56,1% en septiembre en términos interanuales, y en lo que va del año, la reducción acumulada es del 48,6%. Los programas destinados a mejorar los salarios docentes también sufrieron importantes recortes. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta clave para asistir a las provincias en la mejora salarial, fue suspendido en junio, lo que resultó en una reducción del 90,4% en el gasto destinado a este programa.
El gasto en personal también registró una fuerte contracción, con una caída acumulada del 37% entre enero y septiembre. Esto implica una baja en los salarios del sector público, afectando a miles de trabajadores estatales en todo el país, quienes han expresado su descontento a través de diversas protestas.
Con el gasto público en franco descenso, el Gobierno mantiene su política de ajuste como una medida clave para reducir el déficit fiscal, aunque las críticas por el impacto social de estos recortes no se han hecho esperar. Mientras tanto, las provincias y sectores más vulnerables continúan lidiando con las consecuencias de estos recortes drásticos.
