En la tarde del martes 8 de octubre, la exprimera dama Fabiola Yáñez, debería haberse presentado ante la Justicia española para entregar su teléfono celular, el cual iba a ser sometido a un peritaje. Sin embargo, eso no ocurrió y la expareja de Alberto Fernández, a quien denuncia por violencia de género, posteó en sus redes sociales: «Tengo miedo«.
En letras blancas con fondo negro, Yáñez escribió este breve pero preocupante mensaje en su cuenta de Instagram, compartiendo la misma imagen en historia como en publicación. Este mensaje alarma a la sociedad, pero también podría ser la respuesta a por qué no se presentó durante la tarde española a exponer más pruebas contra el exmandatario, por miedo.
Cabe recordar que la exprimera dama también denunció que personas del entorno de Alberto Fernández la amenazaron para que no avance con la causa de violencia de género. Esta situación a medida que pasan los días se agrava porque van saliendo más videos, mensajes y novedades a la luz sobre lo que ocurría en la Quinta de Olivos en el anterior Gobierno.
Incertidumbre por el peritaje
Fabiola Yáñez esta tarde no fue a la Justicia y su teléfono tampoco llegó por otras vías, por lo que las pericias alrededor del dispositivo móvil no se han realizado, una situación llamativa teniendo en cuenta que ella lo pidió y que el expresidente argentino accedió. Según el testimonio de la víctima, hay más fotos, videos y mensajes de hostigamiento de parte de Alberto Fernández.
De todos modos, podría fijarse una reprogramación para el trámite que pueda concretarse en el transcurso de esta semana. La «copia forense» de los datos deberá ser remitida a la fiscalía federal de Ramiro González para su análisis, en particular los mensajes entre la exprimera dama y el expresidente. A su vez, en España conservarán una copia de ello también.
La defensa de Fernández argumentaba que la medida debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el derecho a defensa y el «debido proceso» con el fin de «garantizar la integridad de la evidencia», un «mayor control de la cadena de custodia» y minimizar los «riesgos de manipulación o contaminación de los datos», aunque fue rechazada por los camaristas Martín Iruzun y Eduardo Farah.
«La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy», por lo cual «la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición», argumentaron.
