El Gobierno nacional decidió este martes cómo auditará a las universidades públicas nacionales en medio del conflicto con las casas de altos estudios. En este sentido, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) funcione como órgano auditor de las universidades, en medio del conflicto por la toma de las sedes de los establecimientos en distintos puntos de la Argentina.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales. La resolución se informó a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.
A su vez, el jefe de Gabinete, Guillemo Francos, explicó: “A partir de un dictamen requerido por la Secretaría de Educación y firmado por el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, se autoriza a partir de hoy a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a controlar los fondos que se destinan a las universidades”.
Así, agregó el ministro coordinador, “se establece con claridad que las universidades nacionales pueden ser auditadas dentro del sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera Nº 24.156 que no contradice la autonomía universitaria ni su autarquía administrativa”. Hasta hoy, sólo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso de la Nación, podía llevar adelante las auditorías. Dicho cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.
Qué dice el dictamen
La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: “En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”.
“En tanto, el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior Nº 24.521”, concluye el dictamen, difundido por Francos en su cuenta de X.
Qué anula esta decisión del gobierno de Milei
Esta decisión anula la resolución del exprocurador del Tesoro Carlos Zannini, quien, en noviembre de 2022, determinó que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la Ley de Administración Financiera. En 2023, el entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la Sigen habilitando la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.
Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación: “Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales”. “De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente a cargo de la oposición a través de la AGN. Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales”, sintetizó a través de sus redes sociales.
Milei confrontó a las autoridades
La decisión de la administración libertaria va en sintonía con los permanentes cuestionamientos del presidente Javier Milei al sector, luego de denunciar falta de transparencia en las cuentas de las altas casas de estudio. “¿Por qué no quieren ser auditados si no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?”, planteó este mismo martes Milei en declaraciones a La Nación +.
En esta línea, el mandatario nacional concluyó: “No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”. Los cambios se enmarcan en pleno auge estudiantil en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo, con tomas en más de 80 facultades, clases públicas y asambleas.
