Por diversos pedidos de la oposición, el oficialismo avanzará con el armado de comisiones especiales en ambas cámaras del Congreso para supervisar, entre otras cosas, los procesos de privatización de empresas nacionales. Los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Martín Menem y Victoria Villarruel deberán firmar las resoluciones para comenzar con la conformación de las mismas.
El motivo de la oposición de querer conformar la Bicameral de Reforma del Estado y privatizaciones son los cambios que serán introducidos a través de la Ley Bases. El capítulo que más atención podría requerir de esta nueva comisión será el referido a las privatizaciones de empresas nacionales, que busca ceder Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
Dentro de esta lista también figuraba Aerolíneas Argentinas, pero finalmente fue eliminada de las compañías a privatizar durante el debate. Sin embargo, recientemente el tema volvió a salir a la luz por los conflictos con los gremios aeronáuticos y por un proyecto presentado por la diputada radical Pamela Verasay, que está siendo debatido en la comisión de Transportes de Diputados. En caso de aprobarse, sería la Bicameral de Reforma del Estado quien se encargue del proceso de concesión.
El oficialismo prevé que la comisión esté conformada por 12 legisladores, seis diputados y seis senadores. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya definió a los diputados que participarán: Florencia Carignano y Ana María Ianni, de Unión por la Patria; Victoria Borrego, de Coalición Cívica; Facundo Correa Llano, de La Libertad Avanza; Diego Santilli, del PRO; y Pablo Cervi, del radicalismo. Cervi es uno de los radicalistas que votaron junto al oficialismo en los recientes proyectos.
La nueva comisión
La Bicameral de Reforma del Estado y privatizaciones fue creada durante el gobierno de Carlos Menem en 1989, en el marco de la Reforma de Estado impulsada por el presidente. Esta comisión tiene el deber de ejercer la coordinación entre el Congreso y el Gobierno, para impulsar e informar los resultados del proceso de reforma. A la misma estará se le deberá informar los avances en los proyectos de privatización, y podrá formular propuestas y recomendaciones para este proceso.
