Desde la pasada campaña se viene hablando de una protección mutua entre Javier Milei y Sergio Massa, pese al enfrentamiento que tuvieron en el balotaje. Esto se profundizó al iniciarse el Gobierno Nacional, con la permanencia de muchos que supieron ser allegados al exministro y fueron reconfirmados en altos cargos. Y ahora tiene una nueva muestra de doble vara: las presentaciones de irregularidades en organismos como Aysa, no tienen la respectiva denuncia en la Justicia. Algo que sí se dio en otras áreas que no estaban bajo el control del tigrense.
Ese modus operandi se repitió en los diez meses que lleva de Gobierno Javier Milei. El Presidente y su vocero Manuel Adorni repiten en varias ocasiones la mala gestión de Sergio Massa y el daño efectuado a las arcas públicas. Pero no hacen hincapié alguno en la consecuencia judicial que esto podría conllevar. Es decir, eluden presentarse en los Tribunales para incomodar a los exfuncionarios massistas.
Así la denuncia no pasa de lo verbal, que con el correr de la vorágine política local, hace que rápidamente quede diluido. Un estilo distinto al que supo tener por ejemplo el Gobierno de Mauricio Macri con gran parte de los funcionarios kirchneristas. O que esta misma administración nacional tiene por caso en Desarrollo Social. Allí ha puesto a disposición de la Justicia la entrega irregular de planes sociales. Claro está, un área que nunca pasó bajo la órbita de Massa en el Frente de Todos.
Tampoco tiene pruitos la gestión de Milei en hablar del PAMI donde estuvo Luana Volnovich, pero queda fuera de cualquier planteo el área de Transporte (donde se mantienen funcionarios que respondieron a Massa hasta que dejó el Gobierno). Ni hablar la tan polémica área de Comercio Exterior: es solo desde el PRO y el sector que responde a Patricia Bullrich desde donde se recuerda el manejo de los SIRAs, que ameritaría, por lo menos, una investigación judicial.
El Gobierno Nacional y la «plataforma de campaña» de Aysa
La muestra más palpable la tuvimos en esta semana. En su conferencia de prensa diaria, el vocero Manuel Adorni hizo foco en los gastos irregulares de Aysa, la empresa que administró Malena Galmarini. El funcionario fue duro en las palabras: habló del uso de la compañía como una «plataforma de campaña» por parte de los funcionarios de la gestión anterior. Cabe recordar que la propia extitular de la compañía hizo su propio intento electoral para ser intendenta de Tigre, y muchas veces se planteó el desigual manejo en ese distrito respecto a otros del Gran Buenos Aires.
«Lejos de dedicarse a un servicio de calidad, la empresa funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno», dijo Adorni. En números, explicó que «hubo u$s200 millones destinados a obras, de los cuales el 25% se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas». «Saquen sus propias conclusiones», cerró con su habitual ironía.
Pero pese a lo que podría esperarse, y hasta a lo que están obligados por la Ley de Ética Pública los funcionarios al hallar casos de corrupción, no hubo por ahora ninguna presentación en la Justicia. Si se detectara que efectivamente no hubo justificación para tales gastos, Malena Galmarini y los massistas podrían estar en serios problemas por cometer fraude al Estado. Pero la falta de denuncia los exime de tener que responder.
Cargos contra exfuncionarios de Desarrollo Social
Una doble vara que se ve clara por ejemplo si se mira el énfasis puesto a la auditoría efectuada por el Ministerio de Capital Humano al reparto de planes sociales en el Gobierno anterior, y la entrega de recursos a comedores. Allí, la conclusión fue en un tono similar al presentado sobre Aysa: se habló de «falta de control» en el reparto de alimentos. «Miles de millones de pesos no pueden ser ‘rifados’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos», se concluye.
La gran diferencia estuvo en la acción posterior. Es que el Ministerio encabezado por Sandra Pettovello presentó en la Justicia cargos contra los funcionarios del área de Desarrollo Social, con acusaciones de «incumplimiento de deberes de funcionario público» y «fraude contra la Administración Pública».
Nada indica que caiga en ningún caso el derecho a la Defensa, pero la siquiera presentación ante Tribunales de lo denunciado por los propios representantes del Gobierno Nacional en áreas como Aysa, no hacen más que aumentar la sospecha de al menos una protección hacia los allegados a Sergio Massa. Quien permanece, para colmo, en un sugestivo silencio desde hace casi un año.
