En una conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que las universidades públicas de Argentina serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en lugar de la Auditoría General de la Nación (AGN), en un giro que busca intensificar el control sobre los fondos que reciben estas instituciones. La medida, según Adorni, fue respaldada por la Procuración del Tesoro y revierte una decisión anterior que había impedido este tipo de supervisión.
«La Procuración del Tesoro firmó el dictamen para que la SIGEN audite las universidades públicas«, informó Adorni ante la prensa acreditada. Además, explicó que este cambio se da en respuesta a un fallo emitido en 2022 por el exprocurador Carlos Zannini, que había bloqueado la capacidad de la SIGEN de controlar los gastos universitarios.
Adorni fue enfático al subrayar que esta medida busca corregir una falta de transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la educación superior. «Cabe recordar que el 89% de los fondos transferidos a las universidades entre 2015 y 2022 no fueron rendidos. Los argentinos merecen saber qué se hace con la plata que aportan de su bolsillo para pagar la educación de los estudiantes«, aseguró el vocero.
Durante la conferencia, también se hizo hincapié en las deficiencias del actual sistema de auditoría de las universidades. Adorni destacó que el último informe de auditoría realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), específicamente en la Facultad de Psicología, data de 2018 y no fue publicado hasta cinco años después. «El último informe que presentó la UBA ante la AGN pertenece a la Facultad de Psicología y se hizo en 2018. Tiene el dato adicional de que recién se publicó esta auditoría el año pasado«, señaló, evidenciando la demora en la rendición de cuentas por parte de la casa de estudios.
La medida ha generado reacciones mixtas en el ámbito académico, donde muchos consideran que la intervención de la SIGEN puede representar un mayor control político sobre las universidades, mientras otros ven con buenos ojos la posibilidad de una mayor transparencia. Sin embargo, Adorni sostuvo que esta decisión no debería generar preocupación en las instituciones que operen con integridad financiera. «Si nada tienen que ocultar, ningún problema debe haber en que se auditen las cuentas», sentenció.
Este anuncio se enmarca en una serie de iniciativas del gobierno de Javier Milei orientadas a revisar el uso de los recursos públicos y a reforzar la rendición de cuentas de diversas áreas del Estado, en un contexto de ajuste fiscal y reformas profundas. Las universidades, como receptoras de importantes sumas de dinero, no son la excepción a este escrutinio.
A partir de ahora, las auditorías de la SIGEN pretenden poner bajo la lupa la administración de los fondos transferidos a las universidades públicas, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados a la educación superior se utilicen de manera eficiente y conforme a la ley.
