La promesa del gobierno de Javier Milei de generar condiciones para aumentar el empleo formal parece haber quedado en el camino. Mientras que el trabajo formal sufrió una caída de 147.000 puestos, el empleo informal aumentó en 132.000 personas durante el último año. Este escenario expone la incapacidad del gobierno para revertir la precarización laboral.
De acuerdo a los últimos datos del INDEC, el porcentaje de trabajadores no registrados pasó del 42% al 43%, lo que representa a más de 5.440.000 personas sin aportes jubilatorios ni cobertura social. Esta tendencia es preocupante, ya que no solo pone en jaque el sistema de seguridad social, sino que también refleja un estancamiento en la creación de empleo de calidad, a pesar de los esfuerzos retóricos de la administración de Milei por mejorar las condiciones laborales en el país.
Los sectores más afectados por la informalidad son la construcción y el servicio doméstico. En el caso de la construcción, el 60% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, un problema que se ha profundizado con la reducción de la obra pública impulsada por el gobierno. El sector del servicio doméstico, por su parte, muestra cifras alarmantes: el 70% de sus empleados no está registrado, lo que compromete su acceso a derechos laborales básicos como la jubilación y la seguridad social.
El trabajo en negro afecta la recaudación de la Anses para pagar futuras jubilaciones
Este crecimiento de la informalidad también tiene efectos directos sobre las jubilaciones. Menos aportes significan una mayor presión sobre el sistema previsional, lo que podría derivar en futuras reformas que perjudiquen a quienes sí están aportando. Además, esta situación afecta negativamente a la recaudación del Estado, que se ve privado de recursos indispensables para sostener las prestaciones sociales.
El aumento de la informalidad es, en gran medida, consecuencia de la alta inflación y la recesión económica que atraviesa el país. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan crecientes dificultades para hacer frente a los costos laborales, lo que las empuja a mantener a sus empleados en negro o a reducir personal formalizado. En lugar de generar incentivos para la formalización del empleo, el gobierno parece haber optado por una estrategia de ajuste que debilita aún más el mercado laboral.
A pesar de las promesas de mejorar la economía y aumentar el empleo formal, el gobierno de Milei no ha logrado revertir esta tendencia. Los sectores más afectados por la precarización laboral siguen creciendo, mientras que las políticas implementadas parecen no dar resultados efectivos.
El discurso oficial que busca responsabilizar a gobiernos anteriores por esta crisis ya no es suficiente. La realidad es que, a un año de gestión, las cifras del empleo no registrado y la pérdida de trabajo formal demuestran que las promesas de campaña se desvanecen frente a una crisis que sigue profundizándose.
