En un contexto de creciente tensión con el Poder Ejecutivo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó su rechazo a lo que considera una “intervención” en la autonomía de la educación superior por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Según la universidad, este organismo “intenta ejercer un control que excede sus competencias”, en referencia a la auditoría que el gobierno de Javier Milei planea llevar adelante sobre los fondos de la institución.
“La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”, subrayó la UBA en su comunicado, remarcando su independencia y el valor de preservar la educación pública de cualquier presión externa.
Desde el Consejo Superior de la universidad, sostienen que la iniciativa de la SIGEN pone en riesgo principios fundamentales, como la libertad de cátedra. En palabras de la UBA, esta medida “representa una interferencia que podría limitar el contenido de lo que se enseña y aprende en las universidades públicas”.
En busca de mayor transparencia y para contrarrestar las acusaciones del Poder Ejecutivo, la universidad anunció que convocará a nivel nacional e internacional a profesionales independientes para que realicen una auditoría especial. “Ya cumplimos con las auditorías establecidas en la legislación vigente”, asegura el documento de la institución titulado “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”. Además, recalcan que la UBA es “una de las entidades públicas más fiscalizadas de la Argentina”, resaltando el compromiso de la universidad con la transparencia en el manejo de sus recursos.
Para dar continuidad a este control independiente, la UBA informó que solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano dependiente del Congreso, su inclusión en el Plan de Auditoría de 2025. Esto, según el comunicado, responde a la necesidad de “brindar transparencia y acceso público a toda la ciudadanía”, manteniendo a su vez su autonomía.
En otro punto del comunicado, la universidad hace referencia al artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, recordando que “la SIGEN solo tiene competencias sobre entidades dependientes del Poder Ejecutivo, no sobre universidades nacionales”. Este argumento se convierte en el eje de la disputa, que desde la perspectiva de la UBA, representa un intento de intervención inconstitucional.
Para defender esta postura, la UBA anunció que recurrirá a la Justicia, planteando una denuncia formal para “defender su autonomía” y cuestionar lo que considera una intervención sin precedentes. En sus declaraciones, el Consejo Superior de la universidad argumenta que el reclamo busca que sea “el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos, quien aplique debidamente la ley”.
El comunicado también denuncia la existencia de un “ataque ideológico” en los recientes cuestionamientos hacia la UBA, los cuales consideran que menoscaban la esencia misma de la universidad pública y gratuita. “Detrás de las acusaciones de falta de transparencia, se esconde un ataque a la idea misma de la universidad libre, gratuita y masiva”, expresó la institución, reafirmando así su compromiso con una educación accesible y de calidad.
SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas.
— UBAonline (@UBAonline) October 26, 2024
Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia.
Leé la solicitada ?? pic.twitter.com/JP24DOgM46
