El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respondió a las críticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) respecto a las auditorías impulsadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las universidades nacionales. La UBA, en un comunicado, denunció esta medida como una “intervención” y defendió su autonomía, argumentando que la SIGEN busca ejercer un control que “excede sus competencias”. Álvarez, en representación del Gobierno nacional, sostuvo que las auditorías son necesarias y rechazó las acusaciones, afirmando que “están violando los derechos de los estudiantes”.
“Es muy interesante el documento de la UBA”, declaró Álvarez durante una entrevista con Radio Mitre. “En 2011, la SIGEN hizo una auditoría y no hubo planteo de nada. Hay un antecedente de la SIGEN en algunas auditorías”, recordó, mencionando que en ese momento no se había registrado ninguna oposición. “En la Universidad Nacional de Tucumán hubo fuertes irregularidades con las autoridades”, agregó el funcionario, sugiriendo que las auditorías permiten controlar el uso de fondos públicos y detectar irregularidades.
Álvarez también defendió la labor de la SIGEN, describiéndola como “un organismo muy organizado” que busca asegurar la transparencia en las universidades públicas. “Nosotros lo que hicimos fue volver a la normalidad”, explicó, insistiendo en que el procedimiento no debería interpretarse como un acto de intervención o coacción. “Hoy el cuatrimestre no se perdió, se dan clases”, afirmó, destacando que la educación en el sistema público se está desarrollando con normalidad a pesar de los conflictos entre la UBA y el gobierno.
Por otro lado, Álvarez también abordó el tema de los presupuestos universitarios y la polémica sobre los fondos destinados a la educación superior. “Todo lo financiero está ejecutado en las Universidades Públicas”, aseguró, indicando que las universidades disponen de los recursos presupuestados. “La recomposición salarial no está en el presupuesto. No entiendo dónde recortamos fondos”, manifestó, refutando los argumentos que sostienen que el Gobierno Nacional ha disminuido los fondos destinados a los salarios docentes.
La UBA, por su parte, ha sostenido que la autonomía universitaria es un principio constitucional que garantiza el derecho a una educación superior “libre y gratuita para todos los argentinos”, y afirmó que la intervención de la SIGEN representa una amenaza a esta independencia. “La autonomía universitaria protege a la educación superior de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”, reafirmó la UBA en su comunicado, destacando la importancia de mantener una separación entre las políticas universitarias y el Poder Ejecutivo.
Este cruce entre la UBA y el gobierno nacional se produce en un contexto de disputas por el control y la transparencia en las universidades públicas. Mientras Álvarez y el Gobierno Nacional defienden las auditorías como mecanismos de control legítimos, desde la UBA insisten en que estos procedimientos atentan contra la independencia de las universidades, al considerarlos como una “intervención inconstitucional”. La controversia, que involucra tanto la gestión de recursos como la autonomía de las instituciones educativas, parece estar lejos de resolverse.
