La crisis económica y la inflación han reducido el poder adquisitivo de la Tarjeta Alimentar en la Argentina. Por ejemplo, el precio de un guiso aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024, lo que significa que las familias pueden preparar veinte platos menos en comparación con el año pasado. Este incremento en el costo de alimentos básicos refleja una situación de emergencia alimentaria en los sectores más vulnerables del país.
El estudio de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denuncia que el refuerzo de ingresos mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, aunque superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), resultó insuficiente para compensar el encarecimiento de la canasta básica en los barrios populares. La caída del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2024 exponen la magnitud de una crisis que va más allá de las ayudas directas del gobierno.
Concentración de la oferta y caída del consumo
El informe advierte sobre la concentración del sistema agroalimentario y el abandono de políticas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (ACFI). Esta situación ha desprotegido a los consumidores y ha hecho cada vez más difícil acceder a alimentos de calidad en un contexto de ajuste económico y devaluación.
El costo de preparar un guiso no fue el único indicador alarmante: una simple taza de mate cocido con leche y pan registró un aumento del 147% en el gasto, mientras que solo la leche en polvo subió un 166% entre noviembre y julio. Paralelamente, las ganancias de las grandes empresas alimentarias aumentaron un 1.300% y el sector exportador de granos registró una rentabilidad del 4.900% en el mismo período, según datos del informe.
El estudio también destaca el desmantelamiento de la agricultura familiar y la eliminación de controles de precios en supermercados, que afectaron la presencia diversa de productos y encarecieron los alimentos frescos. En el mercado alimentario, las políticas implementadas favorecieron la exportación de commodities y la desregulación de las economías regionales, dejando sin protección a los consumidores y reduciendo la participación del productor en el precio final.
Aunque el gobierno reforzó los programas de transferencia directa para grupos vulnerables, los altos niveles de pobreza y el desempleo reflejan que las ayudas no lograron neutralizar el impacto de la recesión. Las consecuencias de esta crisis golpearon a comedores populares y huertas comunitarias, que han reducido la cantidad y calidad de las comidas ofrecidas, así como días de atención a las familias.
Orchani advierte también sobre el impacto de la “campaña de desprestigio” contra las organizaciones sociales, que afecta su labor en los territorios. “Los comedores no dan abasto porque las necesidades aumentan y porque otros cerraron, mientras en la televisión los acusan de ser los ‘gerentes de la pobreza’. La economía real está golpeando, y el discurso mediático tiene sus límites”, expresó.
