El Ministerio de Capital Humano, encabezado pro Sandra Pettovello, realizó una investigación liderada por ANSES, en la que encontró a mujeres que se hacían pasar por embarazadas para cobrar la Asignación por Embarazo para Protección Social por medio de irregularidades en la presentación de cierta documentación necesaria, como con certificados médicos falsos o estudios antiguos.
Según el comunicado, la investigación fue verificada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de la entidad que encontró «documentos falsos y certificados médicos apócrifos» con el objetivo «de percibir fraudulentamente la asignación». Esto fue denunciado ante la Justicia y ahora avanzarán con los casos fraudulentos que recibían ayuda del Estado.
Profesionales de ANSES identificaron «varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios PS 2.67» que son los requisitos para acceder a la asignación como, por ejemplo, certificados médicos sin registro de nacimiento, entre otros. «Hay solicitudes de Asignación por Embarazo con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes», indicaron.
«También hubo simulación de interrupciones de embarazo», afirma el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano. Desde ANSES indicaron que en varios casos rechazaron formularios por «inconsistencias notables» como «matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia».
Al considerarse un intento de fraude, la cartera de Capital Humano abrió un expediente e investigarán a cada persona que se aprovechó del programa para cobrar o intentar cobrar. Un caso similar ocurrió al inicio de la gestión de Javier Milei, cuando se detectaron a miles de personas fallecidas o sin problemas económicos percibiendo el Programa Trabajar.
Este hecho derivó en la Justicia y el dirigente social Eduardo Belliboni fue el principal apuntado por el Gobierno al ser el representante del Polo Obrero, uno de los intermediarios para cobrar estos programas sociales. Tal fue el escándalo que el dirigente terminó con una causa en su contra por malversación de fondos públicos para beneficiar su organización política.
Lo que sucedía era que les cobraba un porcentaje de cada programa a sus beneficiarios para mantener al Polo Obrero. De esta manera, la infracción de Belliboni era doble porque les quitaba parte del programa a estas personas que él hacia ingresar.
