Esta tarde, el Gobierno intentará desactivar el paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) convocado para este jueves 31 de octubre, tras el fracaso de negociaciones previas. A las 17 horas, en la Secretaría de Trabajo, el secretario Julio Cordero recibirá a representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a autoridades nacionales, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo salarial y evitar la medida de fuerza.
El conflicto salarial se enmarca en una jornada de paro general del transporte que afecta a trenes, subtes, vuelos, camiones y barcos, aunque los colectivos continúan en funcionamiento. El sindicato, liderado por Roberto Fernández, exige aumentos progresivos para elevar el sueldo básico de los trabajadores de $1.060.000 a $1.322.136 en diciembre. En las negociaciones realizadas el lunes, no se logró un acuerdo con las empresas, lo que llevó a la UTA a anunciar el paro tras el vencimiento de la conciliación obligatoria el 29 de octubre.
Reclamos por el incremento de fondos asignados y la falta de pago
En su comunicado, la UTA expresó que, aunque el Estado Nacional asignó $17.877 millones en partidas adicionales a las empresas de transporte para cubrir aumentos salariales en agosto, septiembre y octubre, esos montos no se han reflejado en los salarios de los trabajadores. “El Estado debe exigir a las empresas para garantizar la protección de los trabajadores y asegurar el funcionamiento del sistema”, enfatizó el sindicato, haciendo referencia al artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La falta de cumplimiento en los pagos comprometidos ha tensado las relaciones entre el sindicato, las empresas y el Gobierno, que enfrenta el desafío de lograr un acuerdo antes de la medianoche del miércoles para evitar la paralización del servicio de colectivos. En caso de que las negociaciones no prosperen, informó NA, el paro de 24 horas comenzará en las primeras horas del jueves 31 de octubre, afectando a miles de usuarios en el AMBA.
Perspectivas para la negociación
El encuentro de hoy representa una última oportunidad para resolver el conflicto, ya que el Gobierno no puede dictar una nueva conciliación obligatoria tras el vencimiento de la última prórroga. Los usuarios del transporte público, ya afectados por la huelga en otros servicios, están atentos al desarrollo de esta reunión, que definirá si los colectivos también se suman al paro general.
La situación subraya la complejidad del panorama laboral en el sector del transporte, donde los sindicatos reclaman mejoras salariales que acompañen la inflación y condiciones laborales seguras.
