El expresidente Alberto Fernández deberá presentarse ante la Justicia para declarar en la causa que investiga posibles irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato. La citación, firmada por el juez federal Julián Ercolini, programó la indagatoria para el 20 de noviembre a las 10. La misma señala que existen «méritos suficientes» para que el exmandatario responda a las acusaciones en su contra.
En total, 38 personas más fueron convocadas en esta ronda de declaraciones, que incluye al bróker Héctor Martínez Sosa, a su esposa María Cantero —histórica secretaria de Fernández— y al exdirector de Nación Seguros, Alberto Pagliano. La serie de indagatorias comenzará con Fernández y finalizará el 18 de diciembre. En dicha fecha el juez determinará si existe sustento suficiente para procesar al expresidente y a los otros implicados.
La investigación apunta a un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos, supuestamente armado entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Específicamente mediante el direccionamiento en la contratación de seguros y la inclusión de empresas coaseguradoras. Según la resolución judicial, algunos de los involucrados, con el aval de Fernández, habrían facilitado estos contratos entre entes estatales y Nación Seguros S.A., beneficiando a terceros privados en el proceso.
Organismos y entidades sospechados de irregularidades
La trama detrás de este caso se remonta a la aparición de la Cooperativa 7 de Mayo, una entidad que quedó bajo sospecha tras una investigación policial. En abril, medios tradicionales informaron que esta cooperativa, a través de movimientos bancarios inusuales, recibió sumas millonarias presuntamente vinculadas a exfuncionarios de Nación Seguros y a empresas aseguradoras. Las sospechas aumentaron cuando, tras un seguimiento de la Policía, se descubrió que la cooperativa estaba vinculada a vehículos de alta gama, y la Justicia detectó patrones que sugieren un mecanismo de recaudación irregular.
Varias aseguradoras, incluyendo San Cristóbal Seguros, figuran en los movimientos financieros de la Cooperativa 7 de Mayo, alegando haber recibido pagos por supuestos servicios de catering y eventos. Sin embargo, la investigación reveló que no existía evidencia de que tales servicios. En respuesta a una solicitud del juez Ercolini, San Cristóbal confirmó que no había documentación, registros ni materiales de los eventos que justificaran dichos pagos, levantando sospechas sobre el uso de estos fondos.
Hipótesis de los investigadores
Las pruebas apuntan a que los fondos transferidos a la Cooperativa 7 de Mayo podrían haber sido, en realidad, pagos ilícitos relacionados con exgerentes de Nación Seguros. Fuentes judiciales familiarizadas con casos de corrupción señalaron que la naturaleza de estos movimientos financieros «no tiene precedentes». Ya que su estructura y ejecución no se condice con sus movimientos. En consecuencia, dejando entrever un entramado sofisticado que ahora deberá esclarecerse en sede judicial.
