El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas, aplicando subas de alrededor del 2,5% para el servicio eléctrico y del 2,7% para el gas. La medida fue justificada por el Ejecutivo bajo un “marco de emergencia del sector energético” que estará vigente hasta fin de año, en un intento de sostener las inversiones y cubrir los costos de las empresas transportadoras y distribuidoras en todo el país.
La decisión se formalizó a través de 22 decretos publicados en el Boletín Oficial. Según el texto, se autoriza a las empresas a continuar con la actualización tarifaria que inició en noviembre y que ya había generado expectativa entre los usuarios, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registraron los aumentos más altos. Las nuevas tarifas suponen un ajuste que, según fuentes oficiales, se basa en los índices de inflación, aunque en la práctica, el impacto podría sentirse de manera más intensa en los bolsillos de los usuarios.
Los aumentos en contexto: 760% en luz y 200% en gas desde el inicio de la gestión de Milei
Este incremento se suma a una serie de ajustes que comenzaron con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Según la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), las tarifas de electricidad ya acumulan un aumento del 760% desde entonces, mientras que las del gas registran un alza del 200% solo en el AMBA. Estos datos reflejan una marcada diferencia en relación a los años previos y son vistos por algunos sectores como el efecto de una política económica que busca reducir subsidios y ajustar precios en el sector energético.
Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, se justifican los aumentos como una medida «razonable y prudente», considerando que es necesario para mantener un «sendero de actualización de precios y tarifas» y evitar un supuesto «proceso de deterioro» de los valores en el sector.
Impacto en la economía familiar y reducción de subsidios
El impacto en la economía de los hogares sigue siendo considerable, especialmente en los sectores de menor poder adquisitivo que deben enfrentar estos incrementos en servicios básicos. La estrategia gubernamental detrás de esta medida apunta, además, a reducir los subsidios estatales en estos servicios, un objetivo planteado desde los inicios de la actual administración como parte de su política de austeridad.
La medida también generó críticas en diferentes sectores de la sociedad, que consideran que los incrementos resultan excesivos y que no se está contemplando la situación económica de los usuarios más vulnerables. Varios grupos de defensa de consumidores advierten que estas subas podrían incrementar la mora en el pago de servicios, con un impacto en la recaudación y en el acceso a los mismos para quienes no pueden costear los ajustes.
Expectativas y medidas para el 2025
Con este marco de emergencia energética aún vigente, no se descartan nuevos ajustes en las tarifas para el próximo año, aunque la situación dependerá en gran medida del Presupuesto que apruebe el Congreso y de las políticas que el Poder Ejecutivo considere necesarias para continuar sosteniendo el sector.
