El próximo 20 de noviembre, el expresidente Alberto Fernández deberá prestar declaración indagatoria en el marco de la causa Seguros, en la cual buscan esclarecer el rol del exmandatario y si benefició a múltiples actores y empresas por medio del Decreto 823/2021, el cual le concedió prácticamente todas las pólizas aseguradoras del Estado a Nación Seguros.
Por medio del mencionado decreto no solo se otorgó a Nación Seguros la exclusividad para gestionar pólizas en el ámbito público, sino que también le dio el poder de incluir, a discreción, a otras aseguradoras privadas bajo la modalidad de coaseguro. Esta medida, según el juez Ercolini, no tenía otro fin que dar apariencia de legalidad a una maniobra que, en la práctica, permitió que un selecto grupo de empresas coaseguradoras e intermediarios controlara el negocio de los seguros públicos.
Los protagonistas
En la investigación que desarrolla el juez Ercolini encontraron que los principales beneficiarios de este decreto fueron Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y esposo de su secretaria María Canteros; Pablo Torres García y Oscar Castello, quien además realizó aportes a la campaña presidencial de 2019 a través de su empresa.
Empresas como San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros, TG Broker SA y San Germán Seguros SA desempeñaron un rol clave, siendo seleccionadas como intermediarias o coaseguradoras en los contratos de Nación Seguros. Este esquema les permitió cobrar comisiones y aumentar su participación en el mercado de seguros sin procedimientos de selección transparentes.
La inclusión de estas empresas resultó en la asignación de más del 87% de las comisiones pagadas, una cifra que ascendió a más de 3.400 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) entre 2019 y 2023.
El Rol de Alberto Fernández
La investigación sostiene que Alberto Fernández no solo firmó el decreto que posibilitó la concentración del negocio de seguros en Nación Seguros, sino que también mantuvo una relación estrecha con los principales beneficiarios de la maniobra. Entre ellos, Héctor Martínez Sosa, a quien la justicia describió como un amigo íntimo de Fernández, además de ser esposo de su secretaria de confianza.
Según el juez, el rol de Fernández fue determinante, ya que su decreto facilitó un caudal de negocios que benefició a Martínez Sosa y a sus asociados. Este vínculo se reforzó a través de regalos y favores económicos entre el expresidente y sus allegados, incluyendo el uso de inmuebles y préstamos. Las comisiones millonarias y los bienes entregados, como palcos en eventos, autos de lujo y relojes, subrayan los favores entre Fernández y los implicados en la red.
