Javier Milei sumó este jueves al Gobierno a Rodrigo Sbarra, un exfuncionario de la administración de Mauricio Macri que estuvo en el centro de una polémica por presunto lavado de dinero. Sbarra, quien fue secretario de Coordinación del Ministerio de Producción durante la gestión de Macri y el PRO, fue investigado tras el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en su oficina en enero de 2020, poco después de dejar el cargo. Ahora, mediante el Decreto 996/2024 publicado en el Boletín Oficial, Sbarra ocupará el puesto de subsecretario de Gestión Administrativa en la Vicejefatura de Gabinete.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, oficializando así el nombramiento de Sbarra en una posición clave de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Ministros. Su regreso a la función pública ha generado polémica por las investigaciones judiciales en su contra, que comenzaron tras la denuncia presentada por el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en 2020.
La denuncia fue impulsada por el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en la oficina que Sbarra había ocupado en el Ministerio de Producción. «El sobre estaba en el fondo de una cajonera, en una oficina que se encuentra fuera del Ministerio y pertenecía a Rodrigo Sbarra», detallaron en la denuncia. Además, señalaron que el despacho contaba con medidas de seguridad «inusuales», incluyendo acceso a la oficina mediante huella digital, lo cual levantó sospechas sobre el origen de los fondos.
La investigación que complica a Sbarra por casos de corrupción
Sbarra, por su parte, respondió rápidamente a la denuncia en su contra a través de redes sociales. “Buen nivel de opereta, eh. Dios mío”, escribió en su cuenta de la red social X, sugiriendo que la acusación formaba parte de una maniobra política. No obstante, la situación se agravó cuando, a fines de enero de 2020, la investigación se amplió para indagar un posible blanqueo de 180.000 dólares.
El fiscal Gerardo Pollicita estableció que la pesquisa debía centrarse en la compra de un terreno en Nordelta, adquirida presuntamente por Sbarra y que nunca fue declarada ante las autoridades fiscales. La transacción fue realizada mediante la firma Consultatio SA y estaba valorada en 186.086 dólares. Según el dictamen del fiscal, «la procedencia del dinero no fue justificada ni legalmente declarada», lo que alimentó las sospechas de lavado.
La investigación tomó un nuevo rumbo cuando la Justicia decidió inhibir los bienes de Sbarra y de su esposa, quien figuraba como copropietaria de varios terrenos. Esta medida fue solicitada para evitar que el exfuncionario pudiera desprenderse de propiedades que no estaban debidamente declaradas, un recurso común en casos de presunto lavado de activos.
