A medida que se acerca el fin de la segunda prórroga para la primera etapa del blanqueo de capitales, varias provincias argentinas han decidido aplicar un impuesto local especial sobre los contribuyentes que adhirieron al Régimen de Regularización de Activos. Neuquén y Salta ya implementaron esta medida, mientras que Santa Fe evalúa una propuesta similar que pronto podría discutirse en su legislatura.
El contexto para estas decisiones está marcado por el éxito inicial del programa de blanqueo nacional, extendido hasta el 8 de noviembre por el gobierno de Javier Milei. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya ingresaron casi 105.000 contribuyentes que exteriorizaron más de 19.000 millones de dólares.
Nuevos impuestos provinciales
Neuquén, informó NA, fue la primera en imponer un tributo adicional. Con la sanción de la ley 3450, se creó el Régimen Provincial de Regularización de Activos. La ley establece que quienes se adhieran al blanqueo nacional también deben hacerlo al provincial, pagando un impuesto adicional que exime del abono de Ingresos Brutos.
Este impuesto provincial sigue una escala similar a la nacional. Se aplicará a quienes exterioricen activos superiores a 100.000 dólares, con una alícuota progresiva que inicia en 0,75% si se declara antes del 30 de noviembre, aumentando a 1% y 1,25% en las fechas posteriores.
Salta también formalizó su impuesto local a través de la ley 8461, que regula el Régimen Excepcional y Transitorio de Medidas de Alivio Fiscal. Esta normativa impone un «Impuesto Especial de Regularización» equivalente al 10% del impuesto nacional sobre el blanqueo, según estipula el artículo 16 de la ley.
En Santa Fe, aunque el proyecto de ley aún no ha sido aprobado, se ha presentado una iniciativa que contempla un gravamen del 2% sobre los ingresos superiores a 100.000 dólares en el marco del blanqueo. “Quienes paguen el 2% podrán usarlo como anticipo de futuras obligaciones fiscales”, explicó el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien agregó que los ingresos generados se destinarán a proyectos productivos y de vivienda.
Objetivos y desafíos de los nuevos gravámenes
Según Olivares, el objetivo de Santa Fe con este impuesto es dar incentivos a quienes cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma, además de asegurar que los fondos se reinviertan en el desarrollo local. “Lo recaudado no quedará en las arcas provinciales, sino que será usado para otorgar beneficios impositivos a los contribuyentes que hayan cumplido”, afirmó. Además, aseguró que el blanqueo en Santa Fe tendrá “estrictos controles de seguridad” para evitar la relación con actividades ilegales.
Esta política provincial de sumar impuestos sobre el blanqueo ya tiene antecedentes en Argentina. Durante el gobierno de Mauricio Macri, La Pampa impuso un gravamen similar, aplicando una alícuota del 1% sobre todos los bienes declarados. Sin embargo, esta medida fue controvertida por su cuestionamiento del principio de territorialidad, que limita la potestad fiscal de las provincias a los bienes generados dentro de sus jurisdicciones. La disputa resultó en presentaciones judiciales que hoy esperan una resolución de la Corte Suprema.
Posibles desafíos judiciales
Con el antecedente de La Pampa aún pendiente de resolución, los nuevos impuestos provinciales aplicados al blanqueo podrían desatar demandas similares. La aplicación de estos gravámenes plantea interrogantes sobre el alcance de la potestad tributaria provincial y su posible conflicto con el régimen nacional de blanqueo.
De esta manera, mientras las provincias buscan aprovechar la regularización de activos para sumar ingresos y financiar proyectos locales, persisten dudas legales que podrían derivar en futuras impugnaciones judiciales.
