En respuesta a recientes conflictos laborales que afectaron el servicio en aeropuertos, el Gobierno nacional oficializó este jueves una medida que permitirá a las fuerzas de seguridad desempeñar funciones de rampa en caso de huelgas o interrupciones en el servicio por parte de trabajadores de Intercargo. La disposición se concretó mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 49/2024, la cual establece un marco de acción para que tanto las fuerzas de seguridad como operadores privados habilitados puedan brindar servicios aeroportuarios de rampa en situaciones de emergencia.
La resolución, impulsada en conjunto por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a garantizar la continuidad del servicio en los aeropuertos. “Esta medida resulta imperiosa en vista de los hechos acontecidos esta semana en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery”, señala el comunicado oficial, en referencia a las recientes protestas que provocaron demoras y alteraciones en la programación de vuelos.
La decisión permite que, en casos de paros encubiertos o acciones gremiales que puedan afectar a los pasajeros, las fuerzas de seguridad puedan asumir temporalmente los servicios de rampa. Esto incluiría la carga y descarga de equipaje, la asistencia en la preparación de la aeronave y otros servicios operativos que normalmente están a cargo de Intercargo. Desde el Gobierno sostienen que esta intervención “beneficiará tanto a las aerolíneas como a los pasajeros, evitando que estos sean tomados como rehenes de medidas gremiales”.
Apertura del mercado y regulación de nuevos operadores
Además, la normativa busca desregular totalmente los servicios de rampa y operaciones en los aeropuertos, de modo que cualquier operador privado que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos pueda competir en este mercado. La intención es que Intercargo, la actual empresa prestadora de estos servicios, compita en igualdad de condiciones con nuevas empresas privadas interesadas en ingresar al sector. Según el comunicado oficial, la apertura del mercado facilitará “la incorporación de nuevos actores en beneficio de los usuarios y pasajeros”.
Implementación del “Silencio Positivo” para agilizar autorizaciones
La resolución también introduce el principio de “Silencio Positivo” para simplificar y agilizar las autorizaciones necesarias. Esto implica que, si transcurre un cierto periodo sin respuesta tras el inicio del trámite y siempre que se cumplan los requisitos técnicos y de seguridad, la autorización se considerará automáticamente aprobada por un periodo de 15 años, con posibilidad de renovación. Este principio, que busca desburocratizar el sistema, es parte de las medidas que el Gobierno viene implementando en el marco de una estrategia general de desregulación en el sector de transporte aéreo.
Con esta disposición, el Gobierno refuerza su intención de adecuar los servicios aeroportuarios a los tiempos actuales y minimizar las consecuencias de las medidas gremiales en los aeropuertos, especialmente en aquellos de gran tráfico como el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
