El programa Procrear, creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner, fue oficialmente disuelto. Sin embargo, el Gobierno definió qué hará con las viviendas que quedaron en proceso de construcción o sin adjudicar. En total, serán puestas a la venta 18.335 unidades, según lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Tal como se establece en el Boletín Oficial, el Tribunal de Tasaciones de la Nación tasará las viviendas. Luego, podrán transferirse a provincias, municipios o, eventualmente, ofertadas en el mercado inmobiliario. La norma que da de baja el Procrear, firmada por Javier Milei, estipula que el Ministerio de Economía tiene la facultad de negociar el traspaso de estos inmuebles no solo con provincias y municipios, sino también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado.
En un comunicado oficial, la cartera económica precisó sobre el destino de las viviendas y los terrenos involucrados. «La venta de terrenos del Fondo disuelto se fomentará para que las viviendas terminadas o en proceso de construcción puedan ser integradas al mercado y vendidas, incrementando así la oferta», detalló.
Esto implica que el Gobierno puede replicar el esquema de negociación que aplicó con los gobernadores para la transferencia de obras públicas a las jurisdicciones provinciales. Sin embargo, el Ministerio también dejó la puerta abierta a la posibilidad de vender directamente estas viviendas, dado que su comercialización resulta menos compleja que la de obras de infraestructura, como puentes.
Situación de las viviendas construidas
Según datos proporcionados por el propio Gobierno, unas 18.335 viviendas del plan Procrear están sin adjudicar. Sin contar la situación de terminadas o en proceso de obra. La mayoría de estas viviendas se encuentra en la provincia de Buenos Aires, que concentra 10.561 unidades, equivalente al 57,6% del total.
Un aspecto destacable de la distribución de estas unidades en la provincia de Buenos Aires es que la mayor cantidad de proyectos sin entregar se ubica en Avellaneda, municipio liderado por Jorge Ferraresi, quien, durante la presidencia de Alberto Fernández, fue ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el organismo encargado de gestionar este programa.
Críticas al programa y justificación del Gobierno
En la resolución oficial, el Gobierno justificó la eliminación del Procrear alegando la falta de transparencia y eficiencia en la ejecución del programa, lo cual, según la administración actual, derivó en gastos innecesarios para el Estado. Se citó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para respaldar estas afirmaciones, destacando demoras significativas en la entrega de viviendas y locales. Lo que generó mayores costos en mantenimiento, vigilancia y expensas que podrían haberse evitado de haber cumplido con los plazos estipulados.
De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Inversión Pública, el Procrear demandó $109.177 millones en 2022, cifra que disminuyó a $102.436 millones en 2023. Este año, la inversión fue aún menor, alcanzando los $81.461 millones. Además, el informe de la Sigen identificó que en diciembre de 2023, al inicio de la gestión libertaria, 89 complejos de viviendas mostraban un avance físico menor al 30%, y de esos, 50 registraban un avance inferior al 11%.
Repercusiones y críticas de la oposición
La decisión del Gobierno generó una fuerte respuesta desde el sector kirchnerista. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su rechazo asegurando que «se están abandonando miles de viviendas en construcción». En sus redes sociales, Kicillof manifestó que «el gobierno de Milei celebra cada vez que priva al pueblo de sus derechos. El Procrear fue uno de los programas de crédito para vivienda más exitosos y virtuosos».
Por su parte, el actual secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar, defendió la medida argumentando que el Estado no debería ser «la desarrolladora más grande del país, porque resulta ineficaz e ineficiente». Según Aybar, el Procrear «solo generó un promedio de 1700 viviendas y 12.000 créditos por año desde su creación. Un desempeño pobre para una iniciativa estatal».
