Después de varias semanas de retraso, el Senado dictaminó la Ley «Antimafias», el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich. La propuesta ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Durante la jornada del 13 de noviembre, una de las comisiones que integran el Senado dio por finalizado el debate sobre la Ley y se prepara para la votación en el recinto. Este proyecto estuvo influido en parte por la situación en Rosario, Santa Fe.
En la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el oficialismo junto al PRO y a los legisladores dialoguistas de la UCR dictaminó el Régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, más conocido como «Ley Antimafias», y además avanzó en otros proyectos como la regularización de armas de fuego y una prorroga al programa nacional de entrega voluntaria de armas; además de una ley que regula el desarmado de automotores y venta de sus autopartes.
La Ley Antimafias fue ideada por Patricia Bullrich, que tras llegar al Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023, comenzó a trabajar en regularizar la situación en Rosario, Santa Fe. La ciudad santafesina se afrontaba una brusco crecimiento en sus indices de criminalidad, producto de los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. El último crimen en Rosario en alcanzar una repercusión nacional fue el asesinato de Andrés «Pillin» Barancamonte, que era líder de la barra de Rosario Central.
A la comisión de Seguridad del Senado habían asistido varios funcionarios para encabezar reuniones informativas. Quienes pasaron por el Senado fueron: Carlos Manfroni, jefe de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación; Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe; y Marcelo Seghini, director del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad.
El dictamen tuvo el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y de los legisladores dialoguistas de la Unión Cívica Radical, mientras que la oposición se ausentó del debate, mandando solamente al senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, quien pretendía retrasar más el dictamen al solicitar una convocatoria a dos especialistas para nuevas jornadas informativas.
La nueva ley busca establecer penalmente una definición para «organización criminal«, a la cual señalan como la «asociación de tres o más personas que tienen por fin la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales», cuando «los mecanismos establecidos por la ley son visiblemente insuficientes para detener la cadena de delitos que estos provocan o la propiedad inmueble del Estado Nacional se vea amenazada por el accionar de los miembros de dichas organizaciones».
